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Supremo venezolano denuncia usurpación de funciones ante designación de magistrados

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CARACAS (Sputnik) — El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela denunció que la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) incurre el delito de usurpación al designar magistrados paralelos.

"Sala Constitucional ratifica que se configura delito de usurpación de funciones a quienes pretendan ser designados magistrados", escribió esta institución a través de su cuenta de Twitter.

El órgano judicial indicó que el proceso con el que el poder legislativo pretende nombrar a los magistrados "es nulo" y recordó que el Parlamento se mantiene en desacato a las sentencias del supremo desde mediados de 2016, por lo que todas sus acciones carecen de eficacia jurídica.

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Sin embargo, la Asamblea Nacional de mayoría opositora sostiene que los 33 magistrados, 13 principales y 20 suplentes, fueron nombrados legítimamente "para sustituir a los magistrados express que fueron nombrados (en 2015 por la gestión anterior de mayoría oficialista) fuera de la norma para convertirse en el bufete privado de abogados del régimen de Nicolás Maduro", señaló el diputado opositor Juan Mejía.

El parlamentario advirtió que los magistrados paralelos serán ignorados por el Gobierno venezolano y se les negará el ingreso a las salas del Tribunal Supremo y por este motivo llamó a la población a las calles para respaldarlos y sostuvo que el poder "soberano les otorgará sus poderes y legitimidad".

Este nombramiento se realiza luego de que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática implementara un plebiscito no vinculante en el que preguntó a sus militantes si se oponen a la constituyente y apoyan la creación de un gobierno de unidad y la refundación de las instituciones.

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Los dirigentes de la oposición aseguran que obtuvieron más de 7 millones de votos, pero la consulta no contó con el respaldo del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.

En base a estos resultados, el 19 de julio firmaron un acuerdo de gobernabilidad, convocaron un paro cívico y finalmente nombraron 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia el 21 de julio.

Además, amenazaron al presidente Nicolás Maduro con profundizar la crisis política, sino desiste en su decisión de convocar una constituyente.

La oposición ha asegurado que no permitirá que el próximo 30 de julio se lleve a cabo el proceso electoral en el que se elegirá a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente.

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Por su parte, el CNE ha recordado que limitar el derecho al voto de los ciudadanos es un delito, por lo que advirtió que además de tomar las medidas de seguridad en los centros de votación, harán seguimiento a quienes impulsen la violencia esos días y los llevarán ante la justicia.

El jefe de Estado convocó la Asamblea Nacional Constituyente como una vía de diálogo nacional.

Sin embargo, desde que se llamó a este proceso la oposición ha intensificado sus manifestaciones, que iniciaron el pasado mes de abril.

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