"Semanalmente habrá un control de todo el presupuesto para que las personas responsables del mismo suministren información al Ministerio de Hacienda", explicó en rueda de prensa el portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo.
Las autoridades catalanas obligadas a la remisión de certificados individuales semanales son el director general de presupuestos, el director general de política financiera, los interventores de las consejerías y los responsables económico-financieros de las entidades que no tengan interventores.
Si estos informes no son remitidos o su contenido no refleja de forma meridiana que no se está financiando el referéndum, el Gobierno bloqueará a Cataluña el acceso a los Fondos de Liquidez Autonómica.
Según detalló Méndez de Vigo, este año está previsto que Cataluña reciba 3.600 millones de euros del FLA.
El portavoz del Ejecutivo dijo que no está entre sus deseos menguar la financiación catalana, pero subrayó que su responsabilidad es saber que el dinero otorgado a las autoridades regionales se destina "al bienestar de los ciudadanos" y no a "pagar un referéndum ilegal".
"Si alguien quiere hacer un referéndum ilegal no lo va a apagar con el dinero de todos los catalanes, lo tendrá que pagar con el suyo", insistió el dirigente conservador.
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El ministro portavoz destacó que el referéndum unilateral anunciado por el Ejecutivo catalán es "cosa de unos pocos" y no representa el deseo mayoritario de la población.
"Es un referéndum sin censo, sin papeletas, sin urnas, sin funcionarios, sin Europa, sin ayuda y ahora también sin presupuesto", afirmó Méndez de Vigo.
Según Méndez de Vigo, la medida adoptada este viernes por el Ejecutivo garantiza las sentencias del Tribunal Constitucional que obligan a "garantizar la prestación de servicios públicos en defensa del interés general".
