El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jorge Herrera, dijo a Sputnik que la principal herencia que dejó Correa en el movimiento fue "la criminalización de la protesta y de las luchas sociales por la que muchas familias fueron humilladas".
La Conaie, fundada en 1986, es la organización indígena más grande del Ecuador y articula a las 16 nacionalidades nativas de este país a través de sus tres regionales: la Ecuarunari (sierra), la Confenaie (Amazonía) y la Conaice (costa).
La última vez que la organización indígena más influyente de Ecuador acudió a un encuentro de este tipo fue en 2009, año en el que rompieron relaciones con Correa al oponerse a la aprobación de leyes relacionadas con la extracción de los recursos naturales.
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En medio de este conflicto, el exmandatario retiró a los indígenas la administración de la educación intercultural bilingüe y desarticuló organismos en los que el movimiento tenía influencia sobre el Estado.
Entre 1990 y 2006, los indígenas apalancados en la Conaie apuntalaron la protesta social e incidieron directamente en el derrocamiento de presidentes que precedieron a Correa.
"Hay cambios, transformaciones… ya no son las movilizaciones del año 90, son otras realidades, porque ahora las luchas no son solo del pueblo indígena, sino de la clase obrera, de la clase mestiza, del sector académico", reconoció al respecto Herrera.
La administración de Moreno, aunque genera dudas en la Conaie, "es un respiro para poner en el tapete análisis y resoluciones pendientes".
El presidente de la Conaie afirmó que estas "traiciones" fueron superadas y en la actualidad existe un ambiente de unidad interna "a pesar de las fisuras que golpearon, pero no han destruido", y añadió que ahora "se da la posibilidad de que, sin caer en trampas, volvamos a fortalecer nuestro tejido social".
Para Herrera esa "es la parte positiva", saber que "a pesar del aparataje económico y de toda la fuerza pública gubernamental que se puso para ir en contra de estos procesos organizativos de lucha, no lo lograron".
En la otra esquina, el Gobierno se sienta a la mesa de diálogo con cautela, como indicó la secretaria de Gestión de la Política, Paola Pabón, tras la reunión con la dirigencia indígena.
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Esta instancia "implica un momento de acercamiento con varios sectores" aunque las decisiones finales las tomará Moreno, dijo Pabón.
"Los productos que van saliendo de las mesas de diálogo serán entregados al presidente y será el presidente quien tome la decisión", aclaró la funcionaria y destacó que se respetarán las posturas distintas "vengan de donde vengan", aunque estas serán sometidas a una valoración minuciosa.
Por ahora los indígenas esperan el pronunciamiento del Poder Legislativo a un pedido de amnistía para 170 líderes que fueron procesados por la justicia principalmente por protestar contra la extracción minera.
La presidenta de las mujeres de la Conaie, Katy Betancourt, advirtió en declaraciones a esta agencia que la organización no ingresará en un proceso de diálogo mientras no haya amnistía "porque sería un diálogo inequitativo".
Dentro de la Conaie hoy "hay conciencia para reagruparnos", pues se reconoce que "la fuerza de la organización es lo único" que poseen los indígenas para avanzar en la defensa de un Estado plurinacional, dijo.
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Sentarse a dialogar con el Gobierno es una "necesidad política y de contribución al país, pero eso no significa que postergamos o dejamos de lado nuestra agenda ni nuestras estrategias naturales, no entramos en un plan de cooptación", aclaró.
Moreno dio señales de querer avanzar hacia una nueva relación, como la devolución de la sede de la Conaie en Quito, que había sido retirada por Correa, y el anuncio de que volverán a administrar la educación intercultural bilingüe, aunque aún no se ha definido el mecanismo.
Estas medidas fueron duramente criticadas por Correa, quien calificó como mediocre el intento de Moreno de acercarse a agrupaciones con las que él marcó una distancia radical.
Los indígenas suman algo más de un millón de personas en Ecuador, por lo que constituyen siete% de la población total del país, según el censo nacional de 2010.
