Esta ley "es un gran avance que permite a Chile salir del grupo de los países más retrógrados que no permiten el aborto en ninguna circunstancia", dijo a esta agencia la abogada de la agrupación, Camila Maturana.
La iniciativa despenaliza la interrupción del embarazo para los casos de peligro de vida para la madre, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación.
Con la aprobación del Senado, la iniciativa fue despachada a la Cámara de Diputados para completar su tercer trámite legislativo, el cual se llevará a cabo el 20 de julio.
Maturana aseguró que gran parte de la gestión de este proyecto fue posible gracias a las demandas de los movimientos feministas y las organizaciones de mujeres de Chile, así como de parte de los ciudadanos.
"Por años hemos exigido leyes que protejan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, lo cual es respaldado a su vez por la ciudadanía; según las encuestas de opinión, la mayoría de las personas están de acuerdo con la despenalización en las tres causales del proyecto y apoyan el derecho de las mujeres a decidir", afirmó la abogada.
Maturana aseguró que en Chile hay un sector político importante que está representado en los partidos de derecha, quienes no reconocen la condición de ciudadanas plenas y de sujetos de derecho en las mujeres, lo que han manifestado en varios ámbitos, pero, por sobre todo, en el área de la sexualidad y la reproducción.
"Los grupos conservadores en Chile le asignan socialmente un lugar a las mujeres, encajonándolas en el rol de la maternidad y viéndolas como un recipiente para la gestación de una vida, sin considerar a la mujer como un sujeto de derecho con poder de decisión sobre sí misma", dijo la abogada.
También calificó al Congreso Nacional como una institución conservadora y criticó que recién ahora se aprobara una ley que se ha venido solicitando hace más de diez años.
Dijo que el hecho que dos de las seis senadoras chilenas rechazaron la ley tiene que ver más que nada con su pertenencia política, ya que ambas son de derecha.
"Lo que está en juego para los partidos ultra conservadores son sus creencias morales y religiosas, que en este caso han primado por sobre los derechos de las mujeres", finalizó.
Chile es una de las ocho naciones del mundo que actualmente prohíben cualquier tipo de interrupción del embarazo, bajo cualquier circunstancia, castigando con penas de cárcel a las mujeres y a las personas que participen de un aborto.
