"El Ministerio Público recalca que es fundamental el cumplimiento de este compromiso, porque de lo contrario no solo se atentaría contra lo pactado, sino que tendría como consecuencia la activación de todos los mecanismos, procedimientos y acciones con que cuenta el Estado para perseguir esos bienes", señaló el organismo en un comunicado.
De acuerdo con la Procuraduría, "supondría un grave incumplimiento de lo pactado si el Estado colombiano no prevé prontamente los mecanismos institucionales requeridos para recibir los bienes y activos que deben entregar las FARC".
Los bienes de las FARC han de servir para reparar a las víctimas del conflicto armado, según lo acordado en los diálogos de paz de La Habana, y en todo caso el Estado también debe asumir la indemnización cuando se agoten los bienes, enseres y activos del inventario del grupo rebelde.
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La Procuraduría también destacó ante la Corte Constitucional que los recursos del Fondo de Víctimas cubren también a los menores de edad que se reincorporen a la vida civil y que hayan salido de los campamentos de las FARC, pero únicamente en lo que a indemnizaciones se refiere.
El Gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) firmaron el pasado 24 de noviembre un Acuerdo Final de Paz por medio del cual se busca poner término a más de medio siglo de conflicto armado en el país y reparar a las víctimas del mismo.
En virtud de ese acuerdo ahora se trabaja vía 'fast track' en la implementación de los acuerdos a través del Congreso de la República, lo que permitirá el retorno a la civilidad de los desmovilizados y la formación de un partido político por parte del grupo insurgente.