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Procuradora argentina dictamina contra ley que permite rebaja penal a represores

© AFP 2021 / Eitan AbramovichLa procuradora general argentina, Alejandra Gils Carbó
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BUENOS AIRES (Sputnik) — La procuradora general argentina Alejandra Gils Carbó rechazó que los acusados de crímenes de derechos humanos cometidos durante la última dictadura (1976-1983) puedan ser beneficiados con una ley derogada sobre plazos de prisión preventiva que aplicó la Corte Suprema de Justicia para rebajar la pena a un represor.

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La normativa que el Congreso sancionó en mayo para neutralizar el fallo del máximo tribunal "ha recogido la única interpretación constitucionalmente válida de la regla que preveía la ley" derogada, conocida como dos por uno, señaló la jefa de los fiscales.

Gils Carbó emitió este dictamen en el caso del último dictador que tuvo Argentina, Reynaldo Bignone (1982-1983), condenado a 15 años de prisión en la misma causa en la que fue sentenciado el represor Luis Muiña, quien después fue beneficiado por la Corte Suprema con el alivio de la pena.

Con este dictamen de Gils Carbó, que no es vinculante, la Corte Suprema de Justicia ya tiene vía libre para expedirse sobre los distintos expedientes que presentaron en total 13 represores, solicitando la misma rebaja de prisión que el alto tribunal concedió en mayo a Muiña.

En los otros 12 expedientes presentados, la fiscal se remitió a las conclusiones del primero.

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El artículo 1 de la ley sancionada por el Congreso puntualiza que la ley del 2x1 "no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional".

Gils Carbó sostuvo en su dictamen que "a través de la reciente ley 27.362, el Congreso de la Nación reafirma el compromiso del Estado argentino con relación a las obligaciones internacionales y los principios constitucionales vinculados al juzgamiento de crímenes contra la humanidad".

El Congreso adoptó esta ley tras el rechazo generalizado a la sentencia de la Corte Suprema que benefició a Muiña.

La rebaja penal que rescató el máximo tribunal del país estaba prevista en la ley 24.390, sancionada en 1994 y derogada en 2001, que permitía contar como dobles los días en prisión preventiva mientras no hubiera sentencia firme.

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