"Informamos que recurriremos la sentencia, manifestamos nuestro desacuerdo en algunos puntos de la decisión (y) para aumentar las penas", dice la nota, que por lo demás alaba la decisión del juez Sérgio Moro, que dispuso una condena de nueve años y seis meses de cárcel al exmandatario.
El líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) fue condenado por Moro por presuntamente haber recibido un apartamento de la constructora OAS como forma de soborno, en agradecimiento por las maniobras en favor de la empresa dentro de la trama de la empresa semiestatal Petrobras.
Los fiscales de la Lava Jato destacaron que la condena se basa en "robustas pruebas" y subrayaron la actuación técnica del juez.
En contraposición criticaron el papel de los abogados de Lula, a quienes acusaron de enfrentarse al juez, comisarios de policía y fiscales para crear de forma artificial un "supuesto antagonismo" que intentara desviar la atención.
Los fiscales pusieron en valor el carácter "apartidario, técnico y minucioso" del trabajo realizado por el Ministerio Público Federal y añadieron que el Congreso Nacional debería seguir el ejemplo y ejercer su papel en la lucha contra la corrupción.
Consideran que tanto ellos como el juez Moro han perseguido a Lula de forma desmesurada, guiados por principios políticos, con el único objetivo de evitar que el líder de la izquierda brasileña pueda ser candidato en las elecciones presidenciales de 2018.
La Operación Lava Jato arrancó en marzo de 2014 para investigar desvíos alrededor de Petrobras y, con el paso del tiempo, destapó el mayor caso de corrupción en la historia de Brasil.