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Joven salvadoreña condenada a 30 años de cárcel por abortar apelará sentencia

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MONTEVIDEO (Sputnik) — La defensa de la joven salvadoreña Evelyn Hernández, condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado tras sufrir un aborto espontáneo, apelará el fallo pues el proceso fue vulnerado.

"No se han valorado las pruebas que se presentaron en la vista pública y en consecuencia se ha vulnerado el mismo proceso", dijo a Sputnik el abogado defensor Dennis Muñoz.

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Hernández quedó embarazada con 18 años después de ser violada por un pandillero con quien mantenía una relación de noviazgo forzado, pero no lo denunció por temor, explicó en un comunicado la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.

La joven nunca pensó que estaba embaraza porque "menstruaba regularmente", sin embargo, el 6 de abril del año pasado tuvo un parto en su casa; al sentir fuertes dolores en el vientre "fue a la letrina y se desmayó"; al darse cuenta de la situación su madre buscó ayuda.

Un concejal de la alcaldía las trasladó al Hospital de Cojutepeque, en el departamento central de Cuscatlán, y allí una médica le dijo a la madre de Hernández que regresara a la casa y trajera lo que encontrara.

"La señora halló restos de placenta por la letrina y la llevó al hospital, pensando que así ayudaba a la doctora a que atendiera a su hija; sin embargo, desde el hospital denunciaron a Evelyn, acusándola de haberse realizado un aborto", informó por su parte la organización Las 17, que reclama indultos para las mujeres que han sido condenadas por abortar en ese país centroamericano.

Varias incongruencias

Muñoz señaló que los médicos forenses dijeron que la muerte del bebé se produjo por "una neumonía aspirativa, es decir, por una causa de muerte natural ajena a la voluntad de Evelyn", añadió.

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La neumonía aspirativa se produjo por la inhalación de sustancias tóxicas del tracto digestivo, lo que puede provocar desde infección a la obstrucción de las vías aéreas.

Según Muñoz, en el proceso hubo además otras irregularidades.

"Cuando llegan los policías (a la casa de Hernández) extraen el cadáver del recién nacido con unos palos y ganchos de hierro, luego lo manipulan limpiándolo y lavándolo, y así se lo entregan al médico forense que en teoría realizó el levantamiento de cadáver; eso es una manipulación de la escena del hecho investigado y por tanto es nulo lo que subsigue después", dijo el abogado a esta agencia.

Teniendo en cuenta este contexto, continuó, "no se debería haber condenado a Evelyn bajo ninguna circunstancia".

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Hernández recibió una pena de 30 años de prisión el pasado el pasado 5 de julio, aunque se encuentra en la cárcel desde abril del año pasado.

Muñoz explicó que la propia jueza admitió que no había pruebas directas, pero "condenó a Evelyn por los indicios".

La magistrada consideró que Hernández "era la madre, que estaba en su casa y que no se encontraba mal de salud" y no creyó la declaración de la madre de Evelyn.

Sin embargo, añadió, en el expediente judicial también consta que Hernández tenía un diagnóstico de anemia secundaria y de infección urinaria, "lo que provocó que tuviera el parto extrahospitalario", agregó.

La activista Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, dijo a Sputnik que la jueza dictó sentencia "en base a conjeturas y prejuicios sexistas".

Alrededor de una veintena de mujeres se encuentran en la cárcel en El Salvador por los mismos motivos que Hernández.

"Una vez más queda en evidencia cómo para el Estado salvadoreño la vida de las mujeres no importa", dijo García.

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Uno de los casos más conocidos es el de Teresa Rivera, condenada en 2012 a 40 años de prisión tras sufrir una emergencia obstétrica sin saber que estaba embarazada y quien recuperó su libertad en mayo del año pasado después de que la justicia declarara nula la sentencia argumentando errores procesales.

Las mujeres en El Salvador podían abortar en casos de violación o si la salud del bebé o de la madre estaba en peligro, sin embargo una ley eliminó esas causales en 1998.

Este país centroamericano, junto a Honduras y Nicaragua, tiene las leyes más restrictivas respecto al aborto y rigen penas de prisión para quien incurra en la interrupción voluntaria del embarazo sin importar las circunstancias.

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