"El Gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo lo que tenía que hacer y actuó", sostuvo la ministra en declaraciones a la prensa, según consigna el canal TN.
Desde las oficinas de la Policía Federal en el barrio bonaerense de Villa Riachuelo, Bullrich comentó que el Ejecutivo no iba a "aceptar la violencia".
"La policía hizo lo que tenía que hacer, actuar para cumplir con la orden judicial, medidas que se cumplen con el menor uso de la fuerza posible", señaló la funcionaria.
En consonancia con las palabras de Bullrich, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, afirmó que la policía "actuó como tiene que actuar".
"Teníamos la orden de desalojo (de la jueza Andrea Rodríguez Mentaste) y la cumplimos, ya que somos el brazo de la Justicia", alegó.
Según Ritondo, la gobernadora María Eugenia Vidal, siguió todo el tiempo el operativo de desalojo.
"Cuidamos que no haya exceso por parte del personal", sostuvo.
El ministro lamentó, no obstante, que la represión de Gendarmería y la policía Bonaerense terminara con quince agentes heridos, uno de los cuales, afirmó, fue herido en la cabeza.
"Se sabe de dónde viene la violencia, ya que la mayoría de los trabajadores habían arreglado su situación con la empresa", para señalar a continuación, con sorna, que afuera de la fábrica había más "organizaciones solidarias que trabajadores".
Orden de desalojo
En la fábrica desalojada, ubicada en el municipio bonaerense de Vicente López, trabajaban 691 personas.
De estas, 155 que realizaban tareas administrativas fueron relocalizadas en otras oficinas y 450 aceptaron la doble indemnización que ofrecía la empresa.
La compañía explicó que el cierre se debía "a los obstáculos inherentes a la ubicación de la planta en un área mayormente residencial, su compleja estructura de costos y extensos requerimientos logísticos".
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En la mañana de este 13 de julio las fuerzas de seguridad desalojaron a los trabajadores con palos y gases lacrimógenos en un operativo que defendió el fiscal Gastón Larramendi, quien había pedido la orden de desalojo por presunta "usurpación" y "despojo ilegal de una propiedad".
El representante del Ministerio Público Fiscal aseguró que no había detenidos, sino sólo tres personas "demoradas", ninguna de las cuales era empleado de PepsiCo.
