El fiscal general de Catar, Ali al Marri, citado por el canal de televisión Al Jazeera, dijo durante una conferencia de prensa celebrada en Doha que el nuevo comité se encargará de gestionar las demandas de empresas privadas, instituciones públicas y ciudadanos particulares en relación con los daños ocasionados por el bloqueo.
Al boicot diplomático de Catar se sumaron posteriormente Libia, Yemen, Maldivas, Mauritania y Comoras; Jordania y Yibuti redujeron el nivel de sus lazos diplomáticos con Doha; Senegal, Chad y Níger llamaron a consultas a sus embajadores en Catar.
Para normalizar las relaciones, los promotores del boicot presentaron a Catar una serie de condiciones, entre ellas, el cierre de la cadena de televisión Al Jazeera, la ruptura de los vínculos con Irán y con el movimiento de los Hermanos Musulmanes, así como el desmantelamiento de una base militar turca, pero Doha rechazó sus exigencias.
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