"Varios miembros del grupo (GIEI), así como su secretario ejecutivo recibieron en marzo de 2016 mensajes muy parecidos a los que se describen en el informe titulado Gobierno Espía (realizado por la Red de Derechos Digitales)", dijo Cavallaro al leer una comunicación recibida por la CIDH que celebra esta semana su 163 periodo de sesiones en la capital de Perú. Esa denuncia está relacionada con el uso del programa malware Pegasus, utilizado para "la vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México", dijo Cavallaro, uno de los comisionados de la CIDH.
El jurista señaló que ese programa lo "tenía de forma exclusiva el Estado (mexicano), lo que levanta la sospecha de posible involucramiento de agentes del Estado; es un tema muy serio", advirtió.
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y abogado de los familiares de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Mario Patrón, dijo que "si somos espiados quienes acompañamos a las víctimas y la propia CIDH, por esa opacidad, dudamos de la buena fe del Estado para poder llegar al esclarecimiento de los hechos".
Las autoridades mexicanas están empantanadas en la investigación sobre el ataque cometido el 26 de septiembre de 2014 contra cinco autobuses repletos de alumnos que viajaban a conmemorar un aniversario de la masacre de estudiantes universitarios en la Plaza de Tlatelolco de la Ciudad de México, perpetrada en 1968.
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El ataque a balazos fue ejecutado por policías y narcotraficantes confabulados en patrullas policiales y camiones en Iguala y dejó seis personas muertas, 25 heridas y 43 alumnos de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, desaparecidos.
"¿El Estado tendrá capacidad o tendrá la voluntad de investigarse a sí mismo?" cuestionó Patrón, directivo del centro jesuita que apoya a las familias de las víctimas.
Patrón señaló que la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de la Defensa y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional han sido señalados como las instituciones bajo sospecha de espiar, y que los abogados de derechos humanos han presentado denuncias "contra quien resulte responsable".
Los teléfonos inteligentes fueron examinados por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, a pedido del periódico, y este detectó que fueron blanco de espionaje mediante el programa Pegasus que un proveedor israelí vende solamente a gobiernos, entre ellos el de México.
Respuesta del Gobierno
El subsecretario de DDHH del Gobierno de México, Roberto Campa, respondió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya emitió medidas cautelares a favor de una docena de periodistas y abogados defensores que denunciaron el supuesto espionaje.
Además, se ordenó a la Procuraduría General de la República (fiscalía federal), a la Secretaría de Gobernación (Interior) y a la Secretaría de la Defensa "que se abstengan de utilizar la información derivada de este procedimiento y respeten el derecho a la privacidad de las personas", dijo Campa.
Las denuncias han sido "atendidas y reconocidas", puntualizó el funcionario.
Por su parte, el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera, dijo ante la CIDH que ya existe una investigación en marcha sobre el supuesto espionaje y que el Ministerio Público ha pedido a los denunciantes su colaboración.
"Tendrán que desentrañarse todos los aspectos de naturaleza técnica, que requieren de la colaboración de quienes se sintieron afectados" por el uso de ese malware espía.
Al mismo tiempo solicitó a los periodistas y abogados defensores que "nombren peritos para acompañar la investigación".
Finalmente, Higuera pidió una "propuesta de cooperación a instituciones nacionales e internacionales sobre el uso de ese tipo de software y buscar a los responsables".
