"Desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre pasado, se reporta un asesinato de líderes sociales de más de 200 personas, entre ellas muchas afrodescendientes, y el problema de esto es que la protección de tales líderes hace parte del Acuerdo de Paz", dijo a Sputnik la dirigente del colectivo Proceso de Comunidades Negras (PCN), Conpa Charo.
Esa organización, junto con el Observatorio de Discriminación Racial (ODR) y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), hizo la denuncia en el 163 periodo de sesiones de la Comisión, que se llevó a cabo el miércoles en Lima, Perú.
Durante la audiencia, que se celebró en la mañana, la CIDH evaluó la situación de derechos humanos de los afrodescendientes afectados por el conflicto armado en Colombia, ante lo cual estos colectivos esperan que ese órgano dicte recomendaciones al Estado para que agilice las medidas de protección a los líderes sociales.
"El grupo que estuvo presente en la CIDH llevó recomendaciones muy precisas y algunas tuvieron que ver con generar de inmediato los procesos y las recomendaciones que se requieren por parte del Estado, al tiempo que se buscó que ese organismo dicte medidas cautelares de manera pronta", explicó Charo.
Según la activista, desde noviembre pasado, cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre el Ejecutivo colombiano y las FARC, "se fijaron unos mecanismos que el Gobierno debe desarrollar para garantizar la protección y desmantelamiento de estas fuerzas armadas ilegales, pero nada de eso ha pasado", añadió.
En cambio, acotó, se han intensificado las amenazas y la presencia de actores armados en varias regiones del suroeste del país que antes eran de dominio de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
"Hay un incremento de la violencia con el mismo nivel de impunidad que ha caracterizado estas situaciones en los territorios, y se observa sobre todo en Tumaco (Nariño, suroeste) y en el norte del Cauca (suroeste), donde las comunidades han reportado una presencia fuerte de grupos armados integrados por gente que viene de afuera", dijo Charo a esta agencia.
Las violaciones de derechos humanos afectan también a las poblaciones de raizales y palenqueros del país –principalmente localizadas al suroeste y norte–, a las cuales el Gobierno ha incumplido en lo referente al capítulo de protección étnica establecido en el Acuerdo de Paz, algo que también fue denunciado ante la CIDH.
Asimismo, en la audiencia se expusieron las violaciones de derechos humanos de las que son objeto las mujeres afrodescendientes por cuenta del conflicto armado, así como también "la violencia perpetrada por el Estado colombiano contra el pueblo de Buenaventura (suroeste)" durante el paro cívico que se desarrolló por 22 días en mayo pasado.
