"Se trata de un convenio preparatorio en el marco del procedimiento de colaboración eficaz; en ningún caso los convenios se hacen públicos, la ley no lo establece", indicó Castro consigna el periódico local La República.
Castro brindó el 4 de julio una conferencia junto al fiscal general de la nación, Pablo Sánchez Velarde, y otros fiscales especializados en crimen organizado para hablar de los avances en la investigación.
Por otra parte, el fiscal enfatizó que la colaboración a la que los ejecutivos de la constructora brasileña se han sometido es reservada y no se hace público a pesar de que parte de esos acuerdos fueron conocidos a pedidos del Congreso peruano.
Entre lo conocido está el adelanto de la reparación que deberá pagar Odebrecht equivalente a 30 millones de soles (más de 9 millones de dólares).
Los ejecutivos de la empresa acordaron en Brasil un acuerdo de "delación premiada" que otorga inmunidad a los empresarios de ese país.
La fiscalía brasileña propuso colaborar con los ministerios públicos del resto de los países involucrados bajo la condición de que los acuerdos se mantengan en reserva.
Perú se adhirió a esta solicitud y por este motivo sus fiscales viajaron a Brasil a tomar declaración a los directores de la empresa con un interrogatorio previamente enviado.
Odebrecht dio más de 700 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios en varios países para hacerse con al menos 100 proyectos de infraestructura pública en los últimos años, los cuales le representaron cerca de 12.000 millones de dólares en beneficios.
La empresa admitió tiempo atrás que pagó un total de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, período que abarca los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
