"En presencia de los padres de familia de las víctimas, representantes de la fiscalía, de Unicef en el Ecuador, de la Defensoría Pública y del Ministerio de Educación, el rector de la institución, Luis Naranjo, pidió disculpas públicas por los hechos sucedidos en el periodo lectivo 2010-2011", señala un reporte de la fiscalía nacional.
La fiscal que investigó y litigó el caso, Mayra Soria, leyó la sentencia condenatoria que obliga a la escuela a colocar una placa con la leyenda: "En memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo" en la misma aula en la que ocurrieron los abusos.
El caso se remonta seis años atrás, cuando el contador José Negrete que dictaba clases de ciencias naturales, obligó a 41 estudiantes a mirar películas pornográficas y después imitar esas escenas.
Además, el profesor ejerció agresión física, psicológica y sexual a través de intimidación, amenazando de muerte a los padres y más de una vez visitó las casas de los niños y niñas.
Tras denunciarse el hecho, el agresor huyó, aunque fue capturado en 2015 y cumple una condena de siete años de privación de libertad.
La institución educativa se resistió en principio a cumplir lo ordenado por la ley respecto de la reparación de los niños afectados, sin embargo, el Tribunal de Garantías Penales, a través de la Corte Constitucional, la obligó a acatar la decisión de la justicia.
El primero es un instructivo para la atención de estudiantes víctimas de violencia sexual en el sistema educativo y, el segundo, un reglamento para procesos de contratación y selección de docentes en las instituciones privadas.
Ese reglamento establece que se creen comisiones en las que participen los padres de familia para elegir a los profesores y que a lo largo del año lectivo los docentes deban someterse, al menos, a dos evaluaciones psicológicas.
Según las autoridades, en los últimos cuatro años se han registrado por lo menos 340 procesos en contra de profesores relacionados con abuso sexual.
