"Los allanamientos realizados hoy (este jueves) en La Salada para erradicar los puestos ilegales, junto a la detención del administrador del predio ferial, Jorge Castillo, constituye un paso positivo para terminar con este flagelo que azota al comercio legal y organizado, como viene denunciando la Confederación Argentina de la Mediana Empresa desde hace varios años", asegura la CAME en un comunicado publicado en su página web.
El portavoz de la CAME, Vicente Lourenzo, dijo a Sputnik que "la Salada es el mayor centro de distribución mayorista de mercado ilegal, dicho por la Comunidad Económica Europea".
Apodado el "Rey de La Salada" y dueño de al menos 14 empresas, Castillo posee la feria denominada Punta Mogote, uno de los tres campos que conforman las 20 hectáreas de La Salada, ubicada en el municipio de Lomas de Zamora.
Este espacio de mercadería informal "representa toda una cadena ilegal de transmisión de productos", describió el representante de CAME.
"Comienza con el abastecimiento de la red a través de talleres clandestinos, donde hay trabajo infantil, trabajo esclavo, trata de personas, contrabando, y donde trabajan piratas del asfalto, como se conoce a los ladrones de camiones", detalló Lourenzo.
El ininterrumpido crecimiento de La Salada provocó el surgimiento de otras 662 ferias ilegales, llamadas "Saladitas", en 110 ciudades de todo el país, según un informe de CAME presentado en mayo, que abarcó el estudio de 465 localidades en todo el territorio.
"Las denominamos así porque es una réplica de La Salada por su funcionamiento", indicó el representante de la CAME.
En ese muestreo se detectaron en total 86.728 puestos irregulares entre quioscos y manteros en la vía pública, lo que mueve un comercio valorado en 71.500 millones de pesos anuales (4.460 millones de dólares).
Sólo en La Salada la CAME calcula que trabajaban entre 10.000 y 12.000 personas.
"Todo eso se produjo a través de un mecanismo donde había una ausencia del Estado", comentó Lourenzo.
Surgimiento y expansión
La Salada comenzó a gestarse durante la década del 90, bajo el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), como una cadena de distribución que empezó a abastecer al resto del país.
"Allí concurría la gente por la noche para comprar al por mayor y llevarlo a sus provincias, donde lo vendía al por menor", detalló el portavoz.
El mayor apogeo de La Salada comenzó a partir de 2001, cuando la crisis institucional y social que estalló en el país permitió que ese predio se convirtiera en un lugar de trueque de mercadería.
"Eso fue creciendo hasta que terminó por convertirse en un negocio fundamentalmente inmobiliario porque mucha gente pagaba fortunas para estar ahí y vender sus productos, que provenían de distintos orígenes", añadió Lourenzo.
La CAME se sumó en 2015, como parte querellante, en una causa judicial que instruye el juez federal Ariel Lijo y que comenzó con una denuncia por esclavitud de la ONG La Alameda.
Esta entidad, así como la Confederación de Medianas empresas coinciden en que "hubo una complicidad estatal, ya fuera desde el Poder Judicial, el Legislativo, como también del propio Ejecutivo a nivel nacional, provincial y municipal".
"Hubo muchos actores e integrantes en toda esta cadena que permitió que todo esto creciera bajo el paraguas de la crisis social, pero en definitiva ocultaba un negocio sideral", concluyó Lourenzo.
Además de producirse 55 allanamientos, junto con la detención de Castillo, fueron arrestadas otras 30 personas, entre ellas tres agentes, uno de la Policía Federal y dos de la bonaerense.
