La iniciativa "modifica la Ley N° 1.160/1997 del Código Penal y castiga con la aplicación de la castración química como medida de seguridad en determinados hechos punibles cometidos contra la autonomía sexual y contra menores", dice el texto presentado el 19 de mayo por Ortiz, publicó la Cámara de Representantes, en su sitio web.
Según la norma redactada por Ortiz, del Partido Liberal Radical Auténtico, la autoridad encargada de la aplicación de la sanción será la Corte Suprema de Justicia, que deberá proveer de equipos, insumos, medicamentos y elementos químicos en general al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
"Vamos a ayudarle al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para crear su Departamento de Castraciones", aseguró Ortiz.
Según las últimas estadísticas, añade, al menos seis menores de edad son abusados sexualmente a diario en Paraguay.
Además, de enero de 2016 hasta abril de 2017, se registraron 2.595 casos de abuso sexual, según la fiscalía.
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La castración química supone la administración de medicamentos que inhiben el deseo sexual con el objetivo de impedir que los violadores y otros delincuentes sexuales reincidan.
Este tipo de sanción está vigente en algunos estados de EEUU, Polonia, Rusia, Corea del Sur y Estonia, entre otros.