Tras la aprobación del documento a todos los niveles gubernamentales fue firmado por el presidente del país Alexander Van der Bellen y publicado en el Boletín Oficial del país, por lo que este viernes entró en vigor.
Además la ley contempla la obligatoriedad de inscribirse en un curso de lengua alemana, negarse a ello podría llevar a afectar a las garantías que ofrece el país para la prestación de empleos en actividades de utilidad pública.
La normativa prohíbe, además, cubrir la cabeza con pañuelo a funcionarios, jueces y procuradores e ilegaliza la difusión del salafismo y su interpretación del Corán.
Los salafistas son partidarios de una interpretación fundamentalista del islam que abogan por volver a la religión como era en la época de su profeta Mahoma.
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El ministro Thomas Drozda declaró a los periodistas que todos los programas de integración le costarán al país 100 millones de euros al año.