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Piden implementar programa de protección para líderes sociales en Colombia

CC0 / Unsplash / Bandera de Colombia
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BOGOTÁ (Sputnik) — El procurador General de Colombia, Fernando Carrillo, pidió implementar un programa de protección y seguridad para proteger a los líderes sociales del país y evitar que se repita la historia del partido de izquierda Unión Patriótica (UP) cuyos simpatizantes y militantes fueron asesinados en los años 80 y 90.

"Estamos absolutamente consternados, este país no puede repetir la historia de la Unión Patriótica, no hay que aguantar el asesinato de un líder más", dijo Carrillo en declaraciones que publicó el diario local El Espectador.

El funcionario hizo referencia así a los cerca de 5.000 dirigentes políticos y simpatizantes del extinto partido de izquierda Unión Patriótica (izquierda) que fueron asesinados en el transcurso de diez años por agentes del Estado en connivencia con la extrema derecha, y por lo cual el propio Estado colombiano debió reconocer su culpa y pedir perdón en 2016.

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Carrillo consideró que los defensores de derechos humanos de Colombia deben ser protegidos porque en ellos "está la prueba de fuego del proceso de paz", por lo que, dijo, se debe tomar una acción "combinada, seria y pragmática".

Anunció que para ello se presentará en breve un proyecto de ley que ampare a tales defensores.

Las declaraciones de Carrillo se dan luego de que en la noche del miércoles fue asesinado en el norte del país el líder social Bernardo Cuero Bravo, líder de la Mesa Departamental de Víctimas de Atlántico (norte) y fiscal de la Asociación Nacional de Afrodescendientes (Afrodes).

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En lo que va corrido de este año doce jóvenes afrocolombianos han sido asesinados en Bogotá y en el municipio de Soacha (vecino a la capital del país), mientras que más de seis mil personas de raza negra han sido desplazadas en el Pacífico colombiano (suroeste) tras la firma del Acuerdo Final de Paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en noviembre pasado, señaló Afrodes.

Tales hechos se presentan "sin que hasta el momento el Gobierno nacional adopte medidas de seguridad y protección y se investiguen los asesinatos", perpetrados, en su mayoría, por organizaciones criminales que buscan hacerse con el control de las tierras dejadas por las FARC tras la firma del armisticio.

El colectivo también ha denunciado públicamente recientes amenazas contra sus líderes en las ciudades de Cali (suroeste) y Cartagena (norte), al parecer provenientes de grupos paramilitares.

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