"Canadá, Estados Unidos y Suecia, ya se han unido a las protestas y llevarán a cabo sus paros los próximos días 14 y 15 de junio", informó a través de un comunicado la Federación de empleados y empleadas de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (UGT).
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) anunció el registro de dos preavisos de huelga en las legaciones de España en Finlandia y Australia.
Además, según señala UGT, está previsto que Guinea Ecuatorial y Marruecos presenten sus preavisos durante la semana en curso y que otras embajadas, entre las que figura la Representación Permanente ante la Unión Europea, se unan a la protesta más adelante.
De este modo, los funcionarios españoles en las delegaciones extranjeras se suman al camino abierto por los trabajadores de la Embajada en Argentina, que ya entran en su octavo día de huelga de un paro que cuenta con un índice de seguimiento del 95% y que se mantendrá de manera indefinida "hasta que la Administración española de una respuesta satisfactoria".
Los trabajadores solicitan una serie de aumentos salariales tras nueve años de salarios congelados.
"El personal laboral suma nueve años de congelación salarial, mientras que al personal diplomático, incluido los embajadores, se les ha ido actualizando sus módulos salariales" apunta UGT en un comunicado.
Según señala el sindicato, la evolución de los salarios en esos países se sitúa de manera general en torno al 40%.
Por su parte, el CSIF detalló que los embajadores a los que representan solicitan aumento salariales "de entre un 20 y un 50%".
"En el caso de Australia, en este periodo, se han cuadriplicado el precio de alquiler de pisos, así como los gastos en escolarización", señala el comunicado del CSIF.
Por su parte, Sebastián Trenado, secretario general de FeSP-UGT en el Exterior, apuntó que en países como Canadá la situación es "dramática" porque "los sueldos están muy por debajo de los mínimos aceptables" y los trabajadores tienen "ingresos de pobreza".
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Los dos sindicatos involucrados en este conflicto denuncian que España viola las normas laborales de muchos países donde radican sus embajadas y reclaman a la Administración que ofrezca una respuesta con la mayor premura posible a las reivindicaciones de los funcionarios.