Benita Díaz, integrante de la comitiva, dijo a Sputnik que la detención de los nueve bolivianos (dos militares y siete funcionarios de aduana) se enmarca en una serie de conflictos en la zona fronteriza, ocurridos en una escalada de las tensiones en el vínculo lateral, debido a un recurso presentado en La Haya en reclamo de "una salida soberana al Océano Pacífico".
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En 2013, Gobierno de Evo Morales presentó ante La Haya su demanda contra Chile, ya que considera que Santiago no cumple el Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre ambos países, por el que Bolivia renunciaba al territorio perdido a cambio del tránsito libre por los puertos de Antofagasta y Arica.
El deterioro en el vínculo entre ambos países se aceleró en marzo de 2017, luego de que Morales enviara a la Corte una réplica con los argumentos de su país en el litigio. A criterio de Díaz, este punto desencadenó "hechos represivos" dirigidos a ciudadanos bolivianos, además del bloqueo de mercaderías encaminadas desde y hacia el país del altiplano.
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"Uno de los primeros episodios, que causó indignación del pueblo boliviano, fue la solicitud de retirar los símbolos patrios del país en los consulados del Estado en territorio chileno. Posteriormente se restringió la libertad de prensa y expresión a nuestros compatriotas que habían acudido a Chile a realizar sus tareas periodísticas", enumeró Díaz en diálogo con Sputnik.
Pero el punto más álgido fue "la detención de nueve connacionales que se encontraban resguardando las fronteras bolivianas", acusados por Chile de contrabandistas. Según La Paz, el arresto de los funcionarios se realizó de manera irregular, ya que los chilenos habrían ingresado a territorio boliviano a aprehenderlos.
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"Su función precisa y específica es luchar contra el contrabando y defender nuestro territorio. Las autoridades chilenas dicen que nuestros compatriotas bolivianos estaban realizando acciones de contrabando. Son discursos obviamente falsos, porque se encontraban en territorio boliviano. Habían capturado un camión que estaba ingresando de manera ilegal con un cargamento. Sin embargo, fueron detenidos y trasladados hacia territorio chileno", rebatió la parlamentaria del Mercosur.
Bolivia considera que Chile no está incurriendo solo en violaciones del derecho internacional, sino que tampoco está respetando los derechos humanos de sus ciudadanos, explicó Benita Díaz.
"Los nueve continúan detenidos en condiciones realmente incómodas para todos los bolivianos, porque no están siendo defendidos como realmente debiera ser y como explicitan los tratados internacionales. A muchas de nuestras autoridades que podrían estar en territorio chileno defendiendo esta causa se les ha prohibido el ingreso", indicó.
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Según la parlamentaria, Chile negó las visas a los ministros de Defensa y de Justicia, así como a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado del Estado Plurinacional. Además, ha sometido a los familiares (algunos de origen indígena) de los encarcelados a vejámenes.
"Para entrar a las cárceles, por ejemplo, a una de las madres se la obligó a despojarse de su vestimenta originaria y a alquilarse otro atuendo para poder ingresar a este recinto. Son acciones que como bolivianos rechazamos", denunció.
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"Nosotros apelamos al diálogo y a la concertación. Consideramos importante entre Bolivia y Chile avanzar en los procesos de integración, en esta etapa de negociación, porque estos problemas no nos llevan a ningún lado", concluyó la portavoz de la delegación en el Parlasur.