"La presidenta de la CEE, Liza García, espera por la asignación de 2,5 millones de dólares en fondos estatales que deben sustituir los que se esperaban del Gobierno federal", dijo el diario El Nuevo Día.
"Ya había una resolución asignada para ello; es una iniciativa programática del Gobierno y se va a ejecutar, eso no debe ser un problema", dijo Rosselló, citado por el periódico.
El costo total de la consulta es de 7,8 millones de dólares.
El plebiscito, cuyo resultado no es vinculante, ha sido boicoteado por todos los partidos políticos de oposición.
Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos obligó al Gobierno puertorriqueño a incluir una tercera opción, que es mantener el actual estatus territorial, por lo que la ley fue modificada.
Si la estadidad resulta ganadora, "comenzará de inmediato un proceso de transición para la admisión de Puerto Rico como un estado más de la Unión en igualdad de derechos y deberes con los demás estados", dice la ley.
Si triunfa la opción libre asociación/independencia, "quedará automáticamente convocado un referendo para el 8 de octubre de 2017 en el que los electores solamente podrán escoger entre las alternativas de soberanía separada de los Estados Unidos con un tratado voluntario de Libre Asociación con los Estados Unidos o por la Independencia", dice el texto legal.
Entre las consideraciones planteadas por la ley figuran el hecho de que Puerto Rico nunca dispuso de capacidad de autodeterminación, pues se le aplica la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, que en los hechos significa perpetuar su estatus colonial, pero sin gozar de los mismos derechos y deberes de los demás estados de EEUU.
El país, además, se encuentra en una profunda crisis económica y financiera, con un elevado endeudamiento y una emigración constante hacia Estados Unidos, que le ha hecho perder medio millón de habitantes en los últimos 10 años.
Estados Unidos no tiene ninguna obligación de aceptar el resultado si contraviene sus intereses.
