"El control sobre el comercio internacional de armas es una necesidad evidente", dijo el ministro de Exteriores uruguayo Rodolfo Nin Novoa en el debate abierto de alto nivel sobre la protección de civiles en conflictos armados, que celebró el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El control sobre el comercio de armas "es la primera precaución que habría que tomar", observó.
Pero "un significativo número de los principales productores, exportadores y receptores de armamentos no ha, siquiera, firmado" el Tratado sobre el Comercio de Armas, que entró en vigor en diciembre de 2014 y regula el comercio internacional de armamento convencional, observó el ministro.
Uruguay puso de relieve que la mayoría de los ataques sobre hospitales civiles e instalaciones sanitarias los llevan a cabo fuerzas aéreas en escenarios de guerra, en los que los poseedores de ese armamento sofisticado son los estados involucrados en conflictos.
Por tanto, "la responsabilidad primaria recae sobre dichos estados, incluyendo a los que suministran y venden, o autorizan a sus pujantes y prósperas empresas, el suministro", dijo.
Por eso, Uruguay exhortó a "fortalecer un régimen de desarme general y completo y a ratificar el Tratado para el Comercio de Armas, a efectos de obtener un comercio internacional responsable en materia de armas convencionales, incluidas las armas pequeñas y ligeras, sus partes y componentes, así como las municiones".
El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió por su parte en la sesión que el aumento de los ataques a civiles y personal médico y humanitario eleva el sufrimiento a niveles insoportables.
Así pues, Guterres urgió a los actores de todos los conflictos a respetar las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos, a mejorar la protección de los trabajadores de salud y humanitarios, y a encontrar soluciones duraderas para los desplazados y refugiados.
En un informe escrito para esta sesión del Consejo de Seguridad, la Secretaría General detalló, con datos de 2016, que 97 por ciento de la asistencia humanitaria mundial se destina a emergencias complejas, la mayoría de ellas por conflictos armados.
Más de 65 millones de personas han sido desplazadas por conflictos, guerras, violencia y persecución, mientras más de 20 millones, entre ellos 1,4 millones de niños, están al borde de la hambruna en Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen, todos países envueltos en violentos conflictos.
Al mismo tiempo, constata el informe del secretario general, la comunidad internacional refleja una creciente fatiga e incluso resignación ante la necesidad de dar respuesta al sufrimiento de los civiles en conflictos.
