En este documento, el Ejecutivo comunitario recomienda a Madrid "realizar un examen exhaustivo del gasto público con el fin de identificar posibles áreas para mejorar su eficiencia".
Por ello, la Comisión Europea pide a España "asegurar una inversión adecuada y sostenida en investigación e innovación" e implementar medidas destinadas al "fortalecimiento de los profesores y el apoyo individual a los estudiantes".
Además, el Ejecutivo comunitario señaló en su informe que España tiene una "alta temporalidad laboral", un problema que se ve agravado por la circunstancia de que "las tasas de transición desde contratos temporales a permanentes es muy baja en comparación a la media de la UE".
En ese sentido el informe subraya que "algunas características del mercado laboral español pueden todavía desincentivar la contratación con contratos permanentes".
El documento de la Comisión Europea también resalta la necesidad de que el Ejecutivo español garantice el cumplimiento de los objetivos de déficit pactados con Bruselas en virtud del pacto de estabilidad fiscal.
De esa manera, Bruselas recordó a España que debe situar el déficit público por debajo del 3,1% del PIB en 2017 y por debajo del 2,2 en 2018.
España no tenga estrategias para "mitigar" la corrupción
En el documento se dedica un punto entero a la corrupción.
La Comisión asegura que "España avanzó en la lucha contra la corrupción, en particular en lo que respecta a la transparencia en la toma de decisiones administrativas" y más concretamente "con la promulgación de legislación sobre la transparencia de la financiación de los partidos políticos y el posible conflicto de intereses".
Sin embargo, la llamada de atención "se centra en la implementación de estas medidas".
"A pesar de un aumento en el número las investigaciones sobre corrupción a nivel local y autonómico, no hay una estrategia a medida para prevenir y mitigar los riesgos de corrupción ni una coordinación a ninguno de esos dos niveles para combatirla de forma conjunta", lamenta la Comisión.
"Aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal se enmendó en 2015 para fijar límites a los tiempos de investigación y reducir los retrasos en los procedimientos criminales, la medida puede desembocar en impunidad en complejos casos de corrupción para los que esa limitación temporal suponga que no hay tiempo suficiente para construir los casos", apunta el informe.
