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Provincia argentina de Entre Ríos, contra el fracking por daños al acuífero Guaraní

© Foto : Pixabay / VoiliaLas cataratas del Iguazú, parte del acuífero Guaraní
Las cataratas del Iguazú, parte del acuífero Guaraní - Sputnik Mundo
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BUENOS AIRES (Sputnik) — La provincia argentina de Entre Ríos se convirtió en la primera en prohibir por ley la prospección y explotación de hidrocarburos no convencionales a través de la técnica conocida como fractura hidráulica ("fracking" en inglés).

Asimismo, otros proyectos ponen en riesgo el acuífero Guaraní, un reservorio regional de agua compartido por cuatro países, explicaron a Sputnik tres fuentes.

"Esta ley se aprobó porque hubo una respuesta social muy importante, aunque hay otras iniciativas que amenazan lo conseguido", afirmó a esta agencia la exdiputada provincial y abogada Emma Bargagna, que presentó el proyecto consagrado en ley.

Entre Ríos es una provincia agrícola ganadera, explicó Bargagna, "sostenida sobre todo por el acuífero Guaraní", tercera reserva mundial de agua dulce que se extiende por debajo de la superficie de parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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La normativa que en un principio se aprobó en la Cámara de Diputados provincial "intentaba relativizar la prohibición de la fractura hidráulica a través de su redacción, al dejar en manos del Poder Ejecutivo la capacidad de definir si el método que se podía utilizar era o no peligroso", recordó Bargagna.

Como el endeudamiento de Entre Ríos hacía depender a la gobernación del dinero que le enviara el Gobierno central "se temía que una norma de esta naturaleza pudiese crear alguna fricción que condicionara la ayuda económica", explicó la exdiputada socialista.

A raíz de la presión social, el Senado provincial modificó, en diciembre de 2016, el artículo 2 del texto para consagrar la "protección de las aguas pluviales, superficiales y subterráneas" y envió el proyecto final a la Cámara Baja, que lo sancionó el pasado 25 de abril.

"Hoy existe una prohibición absoluta para explorar o explotar hidrocarburos líquidos y gaseosos por métodos no convencionales y ya no decide el Poder Ejecutivo si la metodología puede o no causar perjuicios", sostuvo la exlegisladora.

Durante sus cuatro años como diputada, hasta 2015, Bargagna recorrió el territorio junto con organizaciones sociales y ambientales para alertar sobre el riesgo que corría la provincia.

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"Unas 37 cabeceras de departamento, comunas, ciudades y localidades de Entre Ríos, ligadas a la producción agrícola, emitieron ordenanzas desde entonces para prohibir la técnica de la fractura hidráulica en sus territorios", contó.

El Gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y el actual de Mauricio Macri han alentado a empresas que utilizan la técnica de la fractura hidráulica a instalarse en la provincia de Neuquén (noroeste), donde se encuentra Vaca Muerta, un yacimiento de hidrocarburos no convencionales que constituye la segunda reserva de gas natural más rica del mundo.

Riesgos

En Entre Ríos, mientras tanto, está vigente la Ley de Hidrocarburos de 2010, que habilita a las petroleras a realizar exploraciones y explotaciones de hidrocarburos convencionales.

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En 2012 el entonces gobernador Sergio Urribarri firmó un convenio con la petrolera semiestatal YPF "anunciando, con mucha alegría, que iba a cambiar la matriz productiva de la provincia, lo que nos puso en guardia", explicó Óscar Villanova, integrante de la Asamblea Ciudadana Concordia.

La ley sancionada en abril no invalidó ese convenio, que sigue siendo secreto pese a que ya ha caído la cláusula de confidencialidad.

Junto con el Foro Regional contra el Fracking, la Asamblea realizó un pedido a todos los organismos involucrados a nivel local, provincial y nacional para que den a conocer el acuerdo, sin respuesta por el momento.

Uruguay

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Pero surgió un nuevo frente que puso sobre aviso a los habitantes de Entre Ríos, que comparten con el noroeste de Uruguay la cuenca hidrocarburífera de petróleo no convencional chacoparanaense.

En ese país, el Gobierno de Tabaré Vázquez autorizó la perforación de cuatro pozos exploratorios de gas y petróleo en los departamentos de Paysandú (noroeste), Salto (noroeste) y Tacuarembó (noreste), cuyas juntas departamentales prohibieron el fracking.

"Se ve burlado nuestro trabajo en Entre Ríos si al otro lado de río Uruguay nos van a hacer esta barbaridad", dijo Villanova.

Los asambleístas alertan que el fracking no solo entraña un riesgo de sismicidad, sino que además contaminará "de forma indudable" el acuífero, ubicado bajo una cuenca en donde en realidad predominan los hidrocarburos no convencionales, que requieren de la factura hidráulica para su extracción.

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La iniciativa está a cargo de la empresa australiana Petrel, poseedora del 51 por ciento de las acciones de la estadounidense Schuepbach Energy International, que firmó dos contratos de exploración y eventual explotación de hidrocarburos con la estatal uruguaya ANCAP en esas áreas.

Y el principal ejecutivo de Petrel, David Casey, dijo la semana pasada al diario El País que "el programa es enteramente convencional y no hay ningún requerimiento o planes de considerar el fracking, que es caro e innecesario, pero tomamos en cuenta las preocupaciones que aparecen por falta de información y apreciamos las oportunidades de clarificación de lo que estamos haciendo".

Sin embargo, los ecologistas de Entre Ríos no creen en ese anuncio.

"Esta empresa y las autoridades aseguran que serán explotaciones convencionales, pero a la hora de llamar a los accionistas se refieren también a la exploración de hidrocarburos no convencionales", dijo a Sputnik un miembro del Foro Regional contra el Fracking, Horacio de Carli.

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En su página web, Petrel explica que su interés por Uruguay reside en el petróleo convencional y no convencional, y admite que el área concesionada es similar a Bakken, una formación rocosa entre EEUU y Canadá donde se ha recurrido de manera extensiva al fracking.

"El proyecto tiene potencial tanto para el petróleo no convencional como para el convencional", asegura la multinacional.

Activistas uruguayos presentaron sus objeciones ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay (Dinama) en febrero.

Pero, sin haber respondido todavía, el organismo acaba de autorizar la perforación del primer pozo apenas llegó al puerto de Montevideo una maquinaria procedente de Houston (sur), EEUU.

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