"Aunque se trata de dos contextos diferentes, lo cierto es que el fallo de la Corte sí representa un problema serio, primero porque se abre la posibilidad de modificaciones al acuerdo de paz y, en segundo lugar, porque va contra los tiempos de implementación de lo pactado", dijo el senador de izquierda Iván Cepeda.
Ante esto, observó Cepeda, el Congreso "debe hacer su mayor esfuerzo por legislar de la manera más eficaz posible".
La decisión del alto tribunal plantea una considerable dificultad para llevar lo acordado al ordenamiento jurídico, en especial en lo relativo al tiempo previsto para la implementación y para el tránsito de las FARC al escenario político, que estaba previsto comenzaría el 31 de mayo, cuando se cumplan 180 días de la firma de los acuerdos y la guerrilla deba entregar la totalidad de sus armas.
El fallo
Para blindar los acuerdos, el Gobierno se reservó la potestad de respaldar o no las posibles modificaciones a las leyes que debe aprobar el Congreso.
Ese hecho, según quienes respaldan el proceso de paz con las FARC, puede ser aprovechado por una parte de la oposición para dilatar aún más la implementación.
De hecho, el fallo de la Corte responde a una demanda interpuesta por el senador Iván Duque, del opositor y derechista Centro Democrático (que lidera el expresidente Álvaro Uribe), sector que es acérrimo crítico del acuerdo con las FARC.
El Gobierno intentó restar importancia al fallo pues "no afecta la seguridad jurídica del Acuerdo de Paz", sino los procedimientos dentro del Congreso.
Pero analistas consultados por Sputnik coinciden en que, en el marco de la carrera por las presidenciales de 2018, que ya comenzó, será difícil conseguir respaldo de los diferentes partidos políticos que comienzan a buscar sus perfiles distanciándose del Gobierno.
"La esperanza está en que el presidente (Juan Manuel Santos), con su poderes especiales, pueda sacar adelante lo que se ha firmado, pero en una situación electoral como la actual los procesos se vuelven erráticos y no sabemos qué pueda pasar", consideró el analista y exembajador Alonso Ojeda.
Puntos en crisis
Sin embargo, uno de los aspectos que se vería más afectado es el capítulo del acuerdo referido a la distribución equitativa de tierras y el desarrollo agrario, un asunto que estuvo en el origen del alzamiento de las FARC en 1964.
"El fallo tiene un sesgo peligroso y delicado, porque el Congreso debe entrar a discutir pronto el tema de la problemática de tierras, y este fallo de la Corte precisamente le quita fuerza a quienes están planteando la posibilidad de construir un país dentro de la modernidad donde el tema de tierras sea tratado con el enfoque de justicia frente al dominio de los terratenientes", agregó Ojeda.
Como salvavidas, en el Congreso se promueve un pacto para que los bloques que apoyan el proceso de paz asistan a las sesiones y respalden las iniciativas del Gobierno, a lo cual ya se comprometieron en un comunicado cinco partidos políticos.
Además, sectores ciudadanos que respaldan los acuerdos y que impulsaron su aprobación por la vía del Congreso luego de que el "No" ganara en el plebiscito, convocaron a una manifestación y han advertido que vendrán nuevas movilizaciones.
El presidente Santos se reunirá el lunes o el martes con la dirigencia de las FARC para buscar salidas, mientras la guerrilla pidió una reunión urgente de la Comisión de Implementación para que trabaje en la formulación de una estrategia.
No hay crisis
Para el constitucionalista Juan Manuel Charry "no hay que buscarle salidas a una crisis inexistente".
El jurista dijo a Sputnik que el fallo solo se ocupa de dos aspectos.
"Uno, que el Congreso no tiene que pedirle autorización al Gobierno nacional para modificar los proyectos o proponer modificaciones, y dos, que no está obligado a votar la integridad del proyecto sino que puede dividirla por secciones", explicó.
Así pues, no hay razón para pensar que habrá demoras sustanciales en la implementación de los acuerdos, ya que estos están insertos en la vía rápida que avanza en el Congreso, procedimiento que reduce a la mitad el trámite de una ley o reforma.
Para Cepeda, esto "significa que están reflexionando sobre lo que está ocurriendo, que van a tomar decisión" y que todo ello se presenta a solo 11 días de que la guerrilla más longeva del continente deba dejar las armas y entre así al escenario político, un trance que causa "serios traumatismos".
Preguntado acerca de si será necesario replantear el cronograma, Cepeda señaló que prefiere esperar lo que decidan las FARC.
Posponer los plazos no es bienvenido para las FARC ni para quienes respaldan el acuerdo de paz, ya que se podrían truncar sus aspiraciones de tener un candidato presidencial para las elecciones de 2018.
