"Desde el punto de vista de los derechos humanos es inaceptable que el Gobierno pretenda controlar una situación de narcotráfico o problemas limítrofes entre comunidades por la vía del estado de sitio", que además "no resolverá" las razones de la crisis, dijo el abogado.
San Marcos "está totalmente militarizado y los alcaldes están preocupados; es el peor mensaje que se puede dar a una población que fue seriamente afectada por el ejército de Guatemala (durante el conflicto armado interno que se extendió entre 1960 y 1996)", señaló.
Foco de conflictos
Cadena explicó que San Marcos es uno de los departamentos más conflictivos de Guatemala.
Los municipios de Ixchiguán y Tajamulco mantienen una disputa limítrofe desde 1933 y los enfrentamientos se recrudecieron en las últimas semanas causando la muerte de un campesino y varias personas heridas.
Desde ese mismo año, cuando se creó Ixchiguán, se registran usurpaciones de tierras y de recursos naturales, señala el diario Prensa Libre.
El jurista Cadena también recordó que en ese departamento hay comunidades que se resisten a pagar la privatización de la distribución de la energía eléctrica, lo que también ha generado conflictos.
Es posible que se esté "intentando crear un esquema de mayor represión contra quienes se oponen en esa zona a la privatización del sistema eléctrico", aventuró.
La prensa local sostuvo que debido a una serie de "hechos graves que ponen en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado", el Congreso ratificó el estado de sitio decretado la semana pasada por el presidente en Ixchiguán y Tajamulco, con una vigencia de 30 días.
Diálogo y acción judicial
En opinión de Cadena, se debería haber continuado por esa vía.
"Lo mejor era continuar con el diálogo, (ahora) el presidente va a tener que informar al Congreso sobre los resultados de esta medida, se va a gastar dinero sin que pase por los controles necesarios y eso puede generar un foco de corrupción", señaló a esta agencia.
Por otro lado, Cadena estima que abordar el combate al narcotráfico requiere otros recursos.
"La política criminal democrática tiene varios ejes, y son válidos para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico", señaló el abogado, quien considera fundamental la prevención, la sanción y la reinserción para poner fin a los conflictos de San Marcos.
La sanción se debe llevar a cabo a través de una "investigación objetiva para llevar a los tribunales a estas bandas de crimen organizado y condenarlas", mientras que "la reinserción requiere un trabajo en el sistema penitenciario para evitar que desde las cárceles se lleven a cabo actividades criminales", agregó.
Ley obsoleta
"La ley no concuerda con la actual Constitución de 1985; encarna todos los principios de la lucha contra el comunismo, debió ser reformada", sostuvo.
Desde la firma de los acuerdos de paz en 1996 tres presidentes recurrieron a la aplicación del estado de excepción y de sitio: Álvaro Colom (2008-2012), Otto Pérez Molina (2012-2015) y Morales, quien asumió la Presidencia el pasado año.
"Han impuesto estos estados para controlar situaciones difíciles, y deben ser algo excepcional, no una regla", concluyó Cadena.
La tensión vivida en San Marcos en las últimas semanas, se redujo el miércoles e incluso algunos comerciantes y transportistas retomaron sus actividades, señaló el diario Prensa Libre.
