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Los resorts de los represores en Suramérica

© AP Photo / Santiago LlanquinCHILE LETELIER
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Detenidos por crímenes de lesa humanidad, exmilitares disfrutan de centros de reclusión con más comodidades que el hogar de una mayoría de inocentes en América Latina.

Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema de Justicia de Argentina - Sputnik Mundo
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CIDH critica fallo de Corte Suprema argentina que benefició a represor de la dictadura
Mientras los familiares siguen buscando el paradero de los desaparecidos de las dictaduras cívico-militares que gobernaron varios países latinoamericanos entre las décadas de 1960 y 1980, los pocos responsables condenados por sus participaciones en secuestros, torturas y asesinatos a raíz de la represión estatal de aquellos años gozan de privilegios impensables para muchos ciudadanos en libertad.

En Argentina, cerca de 30.000 personas desaparecieron entre 1976 y 1983. La persecución política empleada por el Estado estuvo coordinada con los gobiernos de otros países, como Brasil, Chile y Uruguay, en el marco del Plan Cóndor bajo la injerencia de Estados Unidos.

Más allá de la impunidad hacia la gran mayoría de involucrados en delitos de lesa humanidad practicados en ese período, los que sí fueron penalizados siguen generando controversias, porque muchos son detenidos o cumplen sus penas en condiciones privilegiadas. Expresiones como "resort", "cinco estrellas" y "vip" son algunos términos populares para describir las comodidades de las que gozan los que efectivamente llegan a ser recluidos en alguna cárcel.

Juicio (imagen referencial) - Sputnik Mundo
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Justicia chilena decreta arresto domiciliario para exagente de Pinochet
En Chile, los crímenes contra la humanidad perpetrados a lo largo de la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 generaron 1.184 causas penales hasta mediados de 2016, según un informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

El texto señala que hasta finales de 2015, había 344 ex agentes del régimen dictatorial condenados, pero más de la mitad fue sentenciada con "penas privativas", como el sistema de "libertad vigilada". De los 117 presos hasta entonces, 110 se encontraban en el exclusivo centro de Punta Peuco.

Lea más: Víctimas de Pinochet en Chile exigen el cierre del penal especial Punta Peuco

El año pasado, fotos de las instalaciones de Punta Peuco estallaron en la prensa local revelando algunos beneficios a los que los presos tienen acceso: una cancha de tenis, barbacoas y una televisión de alta tecnología en una cómoda sala de estar, entre otros ítems de confort que la alejan a una cárcel común.

En Argentina, el último informe anual de la Procuración General de la Nación mostró una "tendencia creciente en el número de imputados con arresto domiciliario". De acuerdo con el documento, de los más de 2.760 acusados, 41% está siendo procesado en libertad, un 38% está detenido, el 19% falleció y un 2% se encuentra prófugo.

Más aquí: Argentina protesta contra la impunidad a los represores

Entre los 1052 que están presos, 54 fueron trasladados a finales del año pasado a un centro de reclusión considerado "vip" por las organizaciones de derechos humanos y asociaciones de familiares de las víctimas en el país rioplatense. La Unidad 34 de Campo de Mayo, ubicada en la gran Buenos Aires, tiene un área de ocio con canchas de fútbol y de voleibol, según la prensa local.

En Uruguay, de los 29 ex militares condenados en la última década por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1985,solo 11 se encontraban detenidos hasta mediados de 2016, según El País. Siete de ellos están en las afueras de Montevideo, en el centro de reclusión especial de Domingo Arena, donde disfrutan de aire acondicionado, televisor LED de 32 pulgadas y canales de cable, por ejemplo. El costo de vida de esos prisioneros equivale al "salario de unas 100 personas, más comida, mantenimiento, traslados y TV cable", informó el diario.

​Más allá del Plan Cóndor, los escándalos sobre los beneficios otorgados a exmilitares detenidos por violaciones a los derechos humanos también se dieron en Colombia. Hasta 2015, en el fuerte de Tolemaida 345 uniformados cumplieron penas que se parecían más a vacaciones. Ese año, el centro de reclusión fue finalmente clausurado tras una serie de reportajes de la revista Semana que difundieron la situación.

Los informes periodísticos denunciaron las comodidades de los que allí se encontraban sentenciados a más de 20 años de encarcelamiento. Cabañas de lujo, uso permitido de celulares y salida liberada de la penitenciaria fueron algunas de las facilidades reportadas inicialmente en una emblemática tapa del semanario cuyo título es constantemente recordado en las redes sociales: Tolemaida Resort.

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