"No tendría sentido que la Fiscalía abriera una investigación, porque nos ampara la ley", afirmó Neus Munté.
Según el anuncio del Departamento de Gobernación, el concurso está dividido en dos lotes: uno para 8.000 urnas transparentes, con un coste de 184.000 euros, y un segundo para 4.000 urnas de cartón, por valor de 16.000 euros.
Diversos medios de comunicación españoles avanzaron el 9 de mayo que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se encuentra preparando una querella contra el Ejecutivo catalán por la puesta en marcha de este procedimiento para adquirir urnas.
En opinión de la portavoz del Ejecutivo catalán, "no hay una normativa que prohíba la compra de urnas" y, además, el procedimiento abierto para su adquisición ya fue utilizado para la compra de otros materiales.
Además, según recordó el ministro portavoz, esa prohibición se hace extensible "tanto a los representantes políticos como a los funcionarios o empresas que pudieran estar relacionados".
Neus Munté respondió a estas declaraciones asegurando que el Ejecutivo catalán defenderá la "libertad" de las empresas suministradoras ante "posibles amenazas"
El Ejecutivo autonómico tiene que comprar las urnas porque las que se utilizan habitualmente para las elecciones generales, autonómicas y municipales son de titularidad estatal y no podrían ser utilizadas para el referéndum unilateral que Cataluña se plantea realizar.
Según resumió Munté, todos los planes del Gobierno catalán pasan por celebrar un referéndum y "para hacerlo se necesitan urnas".
