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ONG: Gobierno de Brasil ignora "grave" situación de derechos humanos en el país

© AFP 2021 / Miguel SchincariolBandera de Brasil
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RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Organizaciones no gubernamentales (ONG) de Brasil respondieron con escepticismo a las promesas del Gobierno de Michel Temer presentadas ante la ONU en Ginebra en los últimos días con motivo de la Revisión Periódica Universal (RPU) que se aplicó al país en materia de derechos humanos.

"Las posturas de la delegación de Brasil no reconocieron la grave situación de los derechos humanos en el país, ni tampoco los retrocesos inminentes ante algunas medidas legislativas en curso", señaló en un comunicado Amnistía Internacional.

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La ministra brasileña de Derechos Humanos, Luislinda Valois, anunció en Ginebra que su país se compromete a reducir la población carcelaria en un 10 por ciento desde 2017 y hasta 2019.

Por su parte, asociaciones y especialistas en la materia lamentaron que la ministra lanzara esa promesa sin dar detalles de cómo se va a conseguir tal objetivo, ya que el país cuenta con 622.000 personas encarceladas, según datos del Ministerio de Justicia, y la cifra sigue en aumento.

"Esa promesa no dialoga con el tamaño de los desafíos del sistema carcelario; Brasil detiene a casi 40.000 personas al año, o sea que cuando se alcance la 'meta' anunciada, el país ya habrá encarcelado a otros 120.000", criticó la coordinadora del programa de Política Externa de Conectas, Camila Asano, en un comunicado.

Asano criticó la forma en que el Gobierno presentó sus compromisos al considerar que son "demagógicos", pues no hay nada que indique la política actual esté cambiando, sino al contrario, añadió.

La responsable de Conectas consideró además que el Plan Nacional de Seguridad que la ministra Valois calificó de "éxito" solo refuerza la militarización, y aseguró que una de las consecuencias de esta iniciativa es el encarcelamiento masivo de jóvenes pobres y negros que viven en las periferias.

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Esta organización también criticó que en la comitiva brasileña no hubiera representantes del ministerio de Justicia —de quienes depende el sistema de prisiones, la seguridad pública y las políticas indígenas— y que los representantes del Gobierno basaran sus discursos en defender los ajustes económicos que se están tramitando en el Congreso.

Población indígena

Por otro lado, Valois aseguró en Ginebra que el Gobierno "repudia" la violencia contra los pueblos indígenas, pero las ONG aportan informaciones que ponen en entredicho la postura de la ministra.

El pasado mes de marzo una treintena de entidades brasileñas se puso en contacto con la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para alertar de al menos 13 medidas puestas en marcha por el Gobierno brasileño que violan compromisos internacionales relativos a los derechos de la población indígena.

Entre esas medidas figura la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 215, un cambio legislativo que haría que las competencias para demarcar las tierras indígenas pasen del Ejecutivo al Congreso Nacional.

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Los indígenas critican duramente esta medida porque consideran que favorece los intereses de la llamada "bancada ruralista", el nutrido grupo de diputados que tienen intereses económicos en el sector agropecuario y pretenden obstaculizar la entrega de tierras a las comunidades nativas.

"En general en Brasil hay una gran laguna entre el discurso de las autoridades, las leyes y los programas que existen y lo que se lleva a cabo en la práctica", remarcó la responsable de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Renata Neder, quien tampoco confía en los anuncios de la ministra Valois.

En su opinión, los compromisos asumidos por Brasil ante el Consejo de Derechos Humanos en el proceso de Revisión Periódica Universal (RPU) "no pueden quedarse simplemente en el papel, como ocurrió mayoritariamente con las promesas asumidas en el último ciclo de 2012".

La RPU se aplica a todos los países miembros de la ONU de forma alterna cada cuatro años y medio.

Los países reciben las recomendaciones y presentan el resultado de las acciones realizadas para cumplir los compromisos asumidos en el ciclo anterior y dan respuesta a nuevas amenazas y violaciones surgidas en ese periodo. 

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