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Ordenan libertad condicional de alto militar colombiano acusado de masacre

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BOGOTÁ (Sputnik) — Un general retirado colombiano, condenado a 37 años de prisión por una masacre perpetrada hace 20 años por paramilitares en una región en la que él tenía jurisdicción, fue dejado en libertad condicionada luego de que se acogió al sistema de Justicia Especial para la Paz, diseñado en el marco de los diálogos con las FARC.

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El juez del Juzgado 21 de Ejecución de Penas de Bogotá argumentó que se concedió la libertad condicionada al militar, Jaime Alberto Uscátegui,"por cumplir con todos los requisitos para ello, según certificación expedida por el secretario ejecutivo transitorio de la jurisdicción especial para la paz, doctor Néstor Raúl Correa", según se lee en el auto de la decisión, publicado en la página de la Rama Judicial.

La medida otorgó así la libertad inmediata del oficial, quien permanece recluido en una guarnición militar de Bogotá, y quien es el primero oficial de más alto rango en el país en acogerse a la JEP.

Su petición formal de entrar a este modelo se conoció el 29 de marzo pasado, cuando le envió una carta al secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, quien a su vez la remitió al juzgado 21 de ejecución de penas el pasado 4 de abril.

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El militar fue condenado a 37 años de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá en 2009 por facilitar el ingreso de grupos paramilitares al municipio de Mapiripán (Meta, centro) entre el 15 y 20 de julio de 1997, lo que derivó en la masacre de al menos 49 personas a las cuales se les vinculó con la guerrilla, mientras que cientos de personas más fueron desplazadas.

La Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo contra Uscátegui en abril de 2016, pero desde entonces el militar trabajaba para presentar su caso en la Sala de Casación del alto tribunal y que se revisara la condena.

Uscátegui, quien ha reiterado que es inocente, puede verse beneficiado con el nuevo sistema de justicia transicional que contempla la JEP, pues la misma señala que el hecho de que haya tenido jurisdicción sobre la zona en donde ocurrieron los hechos no sería suficiente para condenarlo.

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El caso del militar será estudiado por el Tribunal Especial de Paz una vez empiece a funcionar, y en caso de que se ratifique su responsabilidad, la pena máxima sería de 20 años, lo que reduciría en 17 la cual cumple en la actualidad.

La JEP fue creada en el marco de los diálogos de paz con las FARC en La Habana para procesar a los actores de crímenes asociados con el conflicto armado, pero la misma aún no entra en operación.

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