Tras más de un año de reclamos, desde el 22 de abril, unos 600 nativos de las ambas comunidades tomaron las instalaciones y cerraron la válvula de control de bombeo del lote. Según los pobladores, la petrolera pretende pagar menos hectáreas de las que utiliza.
Mientras los pueblos originarios reclaman un monto de un millón de soles (unos 300.000 dólares), la empresa ha ofrecido 106.000 soles anuales (unos 32.000 dólares) para Los Jardines y 110.000 soles anuales (unos 33.000 dólares) para Nueva Alianza de Capahuari, argumentando que serían las mismas sumas que pagaba su antecesora en la concesión (Pluspetrol), destaca el medio peruano El Comercio.
"La empresa solo podía ocupar un predio de siete hectáreas, sin embargo ocupa unas 130. Allí realizó los pozos petroleros, instaló baterías y campamentos. El Estado no tasó toda el área correspondiente sino solo una parte, favoreciendo a la empresa. Apelamos a la Dirección General de Hidrocarburos para que hiciera la tasación pero repiten el mismo procedimiento anterior. La comunidad se cansó de tantos trámites. Nunca se tiene en cuenta el reclamo de las comunidades", dijo a Sputnik Wilmer Chávez, presidente de la Organización Interétnica del Alto Pastaza.
"Es un lote gigantesco, el más grande de Perú. Abarca tres cuencas. Allí hay 25 comunidades en las que está asentada la empresa. Hay dos que reclaman, las otras han acordado con la compañía tratos por separado. Pero nosotros queremos lo que nos otorga la ley, nuestro derecho legítimo. Sabemos el valor de nuestra tierra, rica en biodiversidad", explicó.
Las comunidades locales cuestionan la explotación petrolera en la zona. "En estos territorios se podría explotar tanto la ganadería como la agricultura, pero el Estado no ha hecho nada para que eso sucediera. Nos han querido convencer de que la única forma de desarrollo es el petróleo. Nosotros no lo vemos así, lo único que ha traído es desgracia a nuestros pueblos. Ha contaminando nuestros ríos y tierras. Es triste. Sobrevivimos de la recolección y la caza pero ahora todo eso está desapareciendo. No hay un plan debido para nosotros", añadió.
Llaman "invasores" a la empresa que ocupa sus predios y aseguran que no van a permitir los "pasen por encima". "Los tenemos que expulsar porque no está pagando lo que deben. Queremos que se respete el derecho de los territorios que nos dejaron nuestros ancestros, de donde sacamos los recursos para sobrevivir", indicó.
Según el vocero, desde el Gobierno les aseguraron que están reunidos con representantes de la compañía para intentar lograr un acuerdo. Sin embargo a la comunidad se le agota la paciencia. "Ya estamos cansados de que vengan con papelitos y digan que se posterga la situación. Queremos una solución a la brevedad. Si las cosas no mejoran estamos dispuestos a todo, a ofrecer la vida. Hombres y mujeres estamos unidos para enfrentar esta dura realidad que nos toca vivir", concluyó.
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