Si bien Detjen mencionó como ejemplo de esas normas el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, y la Ley de Acceso a la Información Pública, iniciativa que promueve la transparencia de la función administrativa, también criticó cómo funcionan herramientas como las audiencias públicas en materia de medio ambiente.
"La implementación de instrumentos como las audiencias públicas —que no son vinculantes— o informes anuales es parcial y débil, (con un nivel) por debajo de los estándares necesarios para garantizar a la ciudadanía una participación efectiva", explicó a esta agencia.
La activista se reunió con el Relator Especial sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, John Knox, quien se encuentra en Uruguay para evaluar cómo el Gobierno está implementando las obligaciones relacionadas con el medio ambiente.
El objetivo de ese encuentro, en el que también participaron otras organizaciones como Redes Amigos de la Tierra, la Comisión Nacional del Agua, Cáritas y Amnistía Internacional, entre otras, fue transmitir a Knox las dificultades del país en la materia.
Otros de los problemas que la activista transmitió a Knox en la reunión son el acceso a la justicia.
Existen "limitaciones de hecho y de derecho que se dan por la ausencia de órganos específicos, ya que no hay tribunales específicos, no hay juzgados que atiendan casos de medio ambiente", agregó.
"No hay figuras legales creadas para eso y, además, los gastos de trámites en estos casos son muy elevados y los asume el particular", dijo Detjen, y añadió: "El que fumiga tiene plata (dinero), pero los que sufren esas fumigaciones con glifosato, no".
Información pública
La Ley de Acceso a la Información Pública es aplicada en Uruguay, explicó Detjen, por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y obliga a los organismos estatales a proveer de información mínima sobre ciertas políticas y proyectos que están vinculados al impacto ambiental y al ordenamiento territorial.
Sin embargo, "la Dinama, por ejemplo, no publica en su web las autorizaciones ambientales que otorga ni los estudios de impacto ambiental que se encuentran en trámites o aprobados, y solo publica un resumen", señaló la defensora de los derechos humanos y también integrante del colectivo ecofeminista uruguayo.
"Desde 2013 para acá no existe ninguno y anterior a 2010 tampoco y la Dinama debería publicarlo por una cuestión de transparencia porque deberíamos tener un acceso libre a esa información", criticó.
Por último, añadió que desde Ciedur pidieron al relator especial de Naciones Unidas que el Ejecutivo cree un nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pues el actual engloba las áreas de vivienda, ordenamiento territorial y medio ambiente.
También solicitaron que el Gobierno termine de desarrollar el Sistema Nacional de Gestión Integral de Residuos.