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ONU reconoce ley contra desaparición y lamenta la falta de consenso en México

© AFP 2021 / Emmanuel Dunand Sede de la ONU en Nueva York
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que encabeza Zeid Ra'ad Al Hussein, reconoció los avances de la Ley contra la Desaparición Forzada aprobada por el Senado y lamentó la falta de consenso.

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La ONU-DH "reconoce los avances en la nueva ley para enfrentar uno de los problemas más dolorosos, urgentes y complejos que enfrenta el Estado mexicano".

Pero, a la vez, "lamenta que no se haya logrado un consenso en el Senado entre las autoridades, los colectivos de víctimas y quienes les acompañamos en el apartado de búsqueda de personas", dijo el despacho del responsable de la ONU en un posicionamiento escrito.

El asunto relativo al mecanismo de búsqueda es "el más significativo de los temas de esta ley, especialmente en relación a las facultades y recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda", asegura el comunicado.

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La oficina de la ONU señala que será responsabilidad de las autoridades "acreditar en los hechos y en el corto plazo que, una vez que se haya expedido la ley, el modelo de búsqueda aprobado por ellas sea capaz de dar los resultados necesarios y hacer posible la localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, la identificación certera, el respeto y la restitución digna de sus restos".

Para la ONU-DH, "el éxito de esta ley dependerá de sus resultados, especialmente en este apartado".

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, fue aprobada por 90 votos a favor, tres abstenciones y tres en contra, mientras estuvieron ausentes 38 senadores.

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La aprobación llegó "luego de más de dos años de discusiones en el Senado, y casi cuatro décadas de que se empezaron a perpetrar las desapariciones de personas en México, varias de ellas por agentes del Estado, y con un saldo trágico para miles de familiares", dijo la ONU-DH.

La ley que pasa a la Cámara de Diputados para la sanción plena del Congreso antes de ser enviada al presidente Enrique Peña Nieto para su promulgación, "responde a los estándares y a varias recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos", incluidas las del alto comisionado Al Hussein durante su visita al país en octubre de 2015.

Además de los desaparecidos de la llamada "guerra sucia" de los años 1960 y 1970, una década de guerra contra las drogas (2006-2016), ha dejado 29.903 desaparecidos y 855 fosas clandestinas, indicó el 7 de abril la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, ombudsman federal).

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La ley establece que a quien incurra en este delito se le impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión, y de 10.000 a 20.000 días multa.

Además indica que "dichas sanciones pueden ser aumentadas hasta en una mitad cuando la persona muera, sea migrante, niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor, sea periodista o defensor de derechos humanos".

Por otro lado, a la desaparición forzada cometida por particulares, como el caso de la delincuencia organizada, se le impondrá una pena de 25 a 50 años de prisión y de 4.000 a 8.000 días multa.

La legislación crea el Sistema Nacional de Búsqueda de personas, cuyo objetivo es "diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado Mexicano para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre autoridades" para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

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Asimismo, la ley crea la Comisión Nacional de Búsqueda con el mandato de "la ejecución y seguimiento de acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas".

Esta contará con grupos de búsqueda que deberán ser integrados por servidores públicos especializados en la materia, los cuales podrán auxiliase con expertos y cuerpos policiales competentes.

También se crea un Consejo Ciudadano, como órgano de consulta del Sistema Nacional, cuyo objetivo es "el involucramiento de la sociedad civil de las víctimas en el seguimiento de las actividades que desarrollará el Sistema".

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Una de las características fundamentales de la legislación es la investigación de los delitos a través de una Fiscalía Especializada.

También se establece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, señaló que "la desaparición forzada de personas representa un flagelo que vulnera los principios fundamentales de los derechos humanos, ya que destroza la dignidad de la víctima, pone en riesgo su integridad física, psicológica, y destruye su seguridad personal y familiar".

La senadora Angélica de la Peña, que preside la Comisión de Derechos Humanos del Senado, dijo en el pleno que "se escucharon las historias de las miles de familias que buscan a sus seres queridos y el viacrucis por el que han tenido que atravesar, y enfrentarse a las autoridades, para que sean tomadas en cuenta".

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