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En las cárceles argentinas se "terceriza" la tortura a los presos

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MONTEVIDEO (Sputnik) — En las cárceles federales argentinas existe una práctica sistemática de la tortura de parte de los funcionarios penitenciarios, que ahora utilizan a los propios presos para llevar a cabo apremios físicos contra otros reclusos, dijo a Sputnik el procurador penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo.

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"A nivel federal se ha reducido (la tortura)", pero "ellos han privatizado el rol, agarran a algún sicario y lo mandan (a atacar a algún preso); lo llamamos "tercerización", dijo.

El procurador explicó que el hecho de que los propios funcionarios penitenciarios acuerden con algunos grupos de presos para que hostiguen a otros, va a llevar a que las autoridades pierdan el control de las cárceles, como ocurre en varios países de la región.

"La tercerización va a terminar como en todos los países de Centroamérica: en una pérdida de control de la unidad penitenciaria" por parte de los funcionarios, añadió Mugnolo, quien visitó Montevideo para la firma de un convenio de cooperación con el comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario de Uruguay, Juan Miguel Petit.

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En marzo, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) de Argentina presentó su informe alternativo ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas sobre malos tratos en los establecimientos penitenciarios federales de ese país.

"Las torturas y los malos tratos constituyen un problema extendido y generalizado en las cárceles de nuestro país", señala el informe.

La procuración define como tortura "17 casos de apremios", que incluyen diferentes tipos de maltrato físico y psicológico.

"Se tortura", afirmó Mugnolo, quien añadió que en las 35 cárceles federales bajo jurisdicción de la PPN "hay gente que sigue con las viejas prácticas de violación de derechos humanos, y otros que tratan de afrontar una realidad profesionalmente".

Resistencia y apertura

Creada en 1993 bajo la órbita del Poder Ejecutivo, la PPN ingresó 10 años después al ámbito del Poder Legislativo, lo que le otorgó una autonomía institucional de la que hasta entonces carecía.

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Según puede leerse en el sitio web de la Procuración, su objetivo es "constituir un órgano de control estricto de la actividad de la administración penitenciaria, a fin de garantizar que la ejecución de la pena se desarrolle en el pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas presas".

La tarea de control sobre lo que ocurre dentro de los micromundos que son las prisiones, continúa siendo una tarea difícil, explicó Mugnolo.

"Hay resistencia, pero también apertura" de parte de las autoridades de los establecimientos, señaló el procurador.

Recientemente, un tribunal de la provincia de Buenos Aires condenó a 11 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal tras comprobarse que durante 2011 y 2015 habían sometido a torturas a varios presos.

Según el fallo, fue determinante el trabajo de la PPN.

"El hecho de que lleváramos adelante un juicio que terminó en condena por un hecho de tortura puso a los tipos de guardia", observó Mugnolo.

A juicio del procurador, este tipo de logros genera diversas reacciones en las autoridades.

"Yo no digo que tengan miedo (…) creo que por un lado nos tienen más respeto, pero por una cuestión de cuidado, pero por otro lado empezamos a abrir una brecha en la cual los tipos (sic) han empezado a aceptar el rol de la Procuración", estimó.

Responsabilidad penitenciaria

Sin embargo, todavía falta mayor colaboración de las autoridades, en especial cuando se producen muertes en las cárceles cuyas causas no están claras.

Las direcciones de los establecimientos, sostuvo Mugnolo, "tienen la obligación de informarnos cuando hay un caso de muerte".

Cuando esto ocurre, la PPN envía un grupo de investigación "para saber cómo fue ese episodio, si no todos mueren de un paro cardiorrespiratorio", ejemplificó.

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"Hay cuestiones: este murió de tal enfermedad, pero ¿cómo murió?; ¿le prestaron la suficiente atención? Nadie le pegó, nadie le hizo nada, pero tampoco nadie lo atendió", continuó.

Además, "todavía aparecen casos de responsabilidad penitenciaria", episodios de los que se desprende un involucramiento de los funcionarios en la muerte de un recluso.

"Hay casos de ahorcamiento que parecen mentira; están colgados de una reja, de pie", señaló.

Anualmente hay entre 12 y 15 muertes por "responsabilidad penitenciaria" en las cárceles federales de Argentina.

En 2016 la PPN constató un total de 36 muertes, 14 de ellas violentas y 22 no violentas; las primeras se refieren a homicidios, suicidios, accidentes, "o que la causa que la ha provocado resulta difícil de determinar, pero es siempre externa y traumática".

Las muertes no violentas son aquellos "fallecimientos por enfermedad, súbitos o cuya causa no traumática resulta incierta", señala el citado informe de la PPN.

En cuanto a las torturas, la PPN registró 606 casos el año pasado.

En el 81% de estos registros, la víctima dijo haber sido golpeada por más de un agente penitenciario.

Solo 39% de las víctimas consintieron que se presentara una denuncia penal.

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