"Existen instrucciones del presidente Evo Morales para lograr la liberación de los nueve bolivianos y con ese propósito se está presentando documentación y pruebas que estos ciudadanos estaban cumpliendo funciones de lucha contra el contrabando", dijo Menacho desde la ciudad chilena de Iquique (norte), reportó la emisora estatal Patria Nueva.
De acuerdo con la autoridad, la detención de los nueve ciudadanos (dos de ellos militares y siete funcionarios de la Aduana Nacional) es "ilegal" y "arbitraria".
El 10 de abril, el abogado defensor de los nueve ciudadanos, el chileno Roberto Celedón, presentó una querella contra el teniente de Carabineros, Cristián Costanzo Ávila, el fiscal local de Pozo Almonte, Hardy Torres López, "por la omisión de denuncia del delito de contrabando y la presentación como supuestas 'víctimas' de los vinculados con el traslado ilícito de mercaderías", señala al respecto el periódico boliviano La Razón.
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El Gobierno de Evo Morales ha señalado que el amparo constitucional —bajo las normas chilenas— debiera dar curso a la liberación de los ciudadanos bolivianos porque se vulneraron sus derechos.