"Para nosotros estas construcciones tienen un impacto que significaría la muerte silenciosa, porque tendríamos que ser relocalizados, movidos de nuestros territorios a lugares que desconocemos" dijo el representante indígena.
Willca explicó que las comunidades indígenas de la zona están en estado de alerta ante los aprestos gubernamentales de llevar adelante esta mega obra, al margen de la decisión y los derechos de los pueblos que habitan en esta zona de reserva natural.
"Tenemos información de que la empresa Geodata (contratada por el Gobierno para realizar los estudios de factibilidad) ha estado ingresando a la zona con embarcaciones, colocando puntos de demarcación al parecer para realizar un levantamiento topográfico del área", señaló el dirigente.
Agregó que "la mancomunidad de comunidades se mantiene firme en su decisión de rechazar categóricamente la construcción de esta mega hidroeléctrica El Bala y Chepete, por ser atentatoria a nuestros derechos, a nuestra vida".
Además, Willca advirtió que el Gobierno pretende dar por hecha la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas sobre la hidroeléctrica del Bala-Chepete sin que esta se haya realizado.
Por su parte, el Gobierno, a través del Ministerio de Energía, aseguró que consultó acerca del proyecto a comunidades del Norte de La Paz y no tuvieron oposición al proyecto hidroeléctrico que demandará una inversión de al menos 6.000 millones de dólares y permitirá generar unos 3.676 megavatios.
"Por las últimas aseveraciones del Ministro de Energía, sabemos que más allá de la opinión de los pueblos indígenas, ya han decidido construir esta obra, lo cual significa que, como pueblos indígenas, estaríamos sin ningún tipo de derechos, esto es grave", dijo Willca.
Una vez construidas estas centrales hidroeléctricas serían las fuentes de energía más grandes del país.
"Nos hemos aglutinado para exigirle al Gobierno el respeto a nuestros derechos como pueblos indígenas y a los derechos de la Madre Tierra", concluyó el dirigente.
Los pueblos indígenas demandan que el Gobierno cumpla con la Constitución Política del Estado y el Convenio 169 sobre la consulta previa libre e informada que responsa a las forma de organización de cada pueblo o nación indígena, para que sean ellos los que definan de manera individual o colectiva si están o no de acuerdo con el proyecto.