"El texto presentado es mejor que el original (…) tiene mucho más sentido dejar que los municipios piensen la forma en que quieren que funcione, porque cada ciudad tiene una realidad diferente", explicó al diario O Globo el director de comunicación de Uber en Brasil, Fabio Sabba.
Se refería así a las modificaciones introducidas a última hora por el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia (Demócratas), que condiciona el funcionamiento legal de este tipo de aplicaciones a que estén reglamentadas por los ayuntamientos de cada ciudad.
El texto original, presentado por el diputado del Partido de los Trabajadores (PT) Carlos Zarattini, prohibía indirectamente este tipo de aplicaciones, al definir que el transporte individual de pasajeros remunerado solo podía ser realizado por vehículos de alquiler conducidos por taxistas.
Según la empresa en Brasil Uber tiene más de 13 millones de usuarios y opera en casi 50 ciudades, representando uno de sus principales mercados en el mundo.
Su implantación estuvo rodeada de polémica desde el principio, provocando airadas protestas y huelgas de los taxistas, que acusan a los conductores de Uber de competencia desleal.
Hasta ahora el funcionamiento de Uber y otras aplicaciones similares estaba en un vacío legal por lo que en muchas ciudades su actividad estaba regida por decisiones judiciales.