Esa actividad a la que se refiere la Abogacía del Estado es "un referéndum con el que se pretende culminar el llamado proceso constituyente en Cataluña".
La asistencia jurídica del Estado destaca que la intención del Gobierno catalán de realizar un referéndum se produce "pese a que el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que el derecho a decidir sólo puede ser válido en el marco y con el respeto a los procedimientos establecidos en el vigente orden constitucional".
Según la información ofrecida por El Mundo, el recurso del Gobierno solicita al alto tribunal la suspensión de los apartados de los presupuestos catalanes a relativos procesos electorales, consultas ciudadanas y procesos de participación.
El Ejecutivo también solicita que los miembros del Gobierno autonómico catalán sean notificados de su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".
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Del mismo modo, insta a los políticos catalanes a abstenerse de acordar la disposición de las partidas impugnadas o de cualquier otra con el fin de "cubrir cualquier gasto derivado de la celebración del proceso refrendario".
