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Venezuela: sí al diálogo, no al aislamiento

© AP Photo / Alejandro CegarraBandera de Venezuela
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La última reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington, ha confirmado el hecho de que el Gobierno y la oposición de Venezuela necesitan más que nunca volver a la mesa del diálogo para sacar al país de una situación de bloqueo institucional muy peligrosa.

También ha servido para ratificar las sucias y oscuras maniobras que suele practicar el "establishment" estadounidense para doblar y quebrar las voluntades de los indecisos.

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Las declaraciones y decisiones unilaterales de uno y otro lado no provocan más que oleadas de polarización. El diálogo debe ser constructivo, contenido y práctico. De poco sirven reuniones maratonianas sobre tecnicismos y procedimientos. Es preciso volver a tender puentes de confianza y credibilidad, aunque esto suene imposible, para acometer y resolver los problemas de urgencia que atenazan a Venezuela, problemas eminentemente económicos más que políticos. Se necesita altura de miras, gente con naturaleza de estadista que priorice los intereses populares sobre los partidistas y particulares. En esta crisis algunos actores tienen demasiado ego.

La OEA, una organización bastante ineficaz, minusvalorada y hasta desprestigiada, ha presionado un poco más al poder ejecutivo venezolano representado por el presidente Nicolás Maduro. La intención explícita de su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, secundado por EEUU, es suspender a Venezuela como miembro de la OEA, aplicando para ello la Carta Democrática Interamericana. Almagro no ha conseguido su principal objetivo, pero sí ha visto cómo aumenta el número de Estados dispuestos a forzar la lucha con las autoridades de Caracas.

Estados Unidos no dudó en chantajear a aquellos países indecisos, como República Dominicana, Haití o El Salvador, al agitar el fantasma de suprimir las ayudas sociales que les otorgan si no votaban a favor de su posición. En vísperas de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el conocido senador norteamericano y expresidenciable Marco Rubio, uno de los mayores enemigos del chavismo, fue el encargado de transmitir el aviso a todo el que quisiera oírle.

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"Estamos viviendo en un ambiente muy difícil en Washington, donde se están considerando recortes masivos a la ayuda en el extranjero y para nosotros va a ser bien difícil justificar la ayuda a estos países si ellos, al final del día, son países que no cooperan con la defensa de la democracia en la región", manifestó el senador Rubio, entrevistado por el diario Miami Herald antes de que se votara en la OEA. "Esto no es una amenaza, pero es la realidad", dijo el representante republicano.

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La tensa sesión de la OEA se celebró, a pesar de Venezuela, gracias a la petición de 18 países, incluidos EEUU, México, Brasil, Argentina y Colombia, para debatir el contundente informe elaborado por Almagro quien insiste en que se convoquen elecciones cuanto antes.

Los próximos comicios presidenciales venezolanos están previstos para diciembre de 2018, y los de gobernadores, que deberían haberse celebrado a finales del 2016, fueron aplazados para este año pero todavía no se ha fijado fecha.

Es muy significativo que los tres Estados amenazados por el senador por Florida votaran en contra de que el tema venezolano entrara a formar parte de la agenda del día del Consejo Permanente. Es decir, los representantes de los dominicanos, los haitianos y los salvadoreños no se plegaron a la grosera provocación de Rubio, quien no tuvo reparo alguno en airearla en un medio de comunicación para que tuviera mejor difusión y alcance.

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A propósito, esta histórica tendencia estadounidense de comprar voluntades a golpe de talón y de chantajear para cambiar las opiniones de sus vecinos no sólo es deplorable sino también despreciable. ¿Hasta cuándo se va a seguir produciendo y tolerando?

Finalmente, no obstante, 20 de las 35 naciones que conforman la OEA (Cuba pertenece a la organización pero no participa en ella desde 1962) suscribieron una escueta declaración conjunta de tan sólo tres párrafos de extensión en la que expresaban su "preocupación por la difícil situación política, económica, social y humanitaria" de Venezuela. Otros 11 países se mostraron en contra del texto, dos se abstuvieron y uno estuvo ausente en la votación.

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El documento suscrito no fue tan duro como probablemente Almagro buscaba pero en él se pide concretar un "curso de acción que coadyuve a identificar soluciones diplomáticas, en el menor plazo posible" para "apoyar la democracia y el respeto al Estado de Derecho dentro del marco constitucional venezolano". Fue un pronunciamiento, una declaración de intenciones que no lleva pareja ninguna medida o acción específicas. Pero es un paso. Los siguientes los tendrá que dar un nuevo Consejo Permanente. En la pasada sesión bastante turbulenta se habló de varios escenarios. Entre ellos conformar un grupo de países amigos para que faciliten el diálogo, el envío de una delegación a Venezuela, la creación de mesas de trabajo que se reúnan cada mes para evaluar la situación, la invitación a los tres expresidentes hispanoamericanos que han servido de mediadores para que expliquen la situación actual o convocar a una nueva sesión extraordinaria pero a nivel de cancilleres.

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Por el momento ya existe un núcleo duro de 14 Estados partidarios de la mediación y algo más, al que se pueden añadir otros ocho países, todos ellos caribeños, dispuestos a sumarse a esa iniciativa siempre que no se incluya, por el momento, la petición de fijar un calendario electoral ni la liberación de presos políticos, dos puntos muy sensibles.

Almagro y sus aliados son conscientes de que no cuentan todavía con los dos tercios de los votos, es decir, 24 Estados, votos necesarios para dictar sanciones contra Caracas o para convocar una asamblea de ministros de Asuntos Exteriores. Están en ello. Este pulso favorece el progresivo aislacionismo de Venezuela en Latinoamérica, una circunstancia que sólo puede tener efectos internos nocivos pues radicalizará los discursos y complicará la solución.

​Hay que volver a dialogar. Los acuerdos alcanzados en octubre y noviembre de 2016 entre Gobierno y oposición en el marco del diálogo auspiciado por el Vaticano y por los expresidentes de Panamá, Martín Torrijos, de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y de República Dominicana, Lionel Fernández, no se han visto materializados por acciones efectivas. El proceso está suspendido desde el 6 de diciembre por las acusaciones de la oposición de incumplimiento de lo pactado. Desde entonces no se vislumbraron avances. Falta voluntad política.


LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

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