Los disturbios se desataron "por una protesta contra la falta de comida y agua" que derivó en un motín, en el que se destruyó parte de las instalaciones el día anterior, indica el reporte oficial.
Un recluso murió al ingerir medicamento robado tras un asalto a la farmacia del penal, y otra persona resultó calcinada, pero no ha sido identificada, dijo el vocero de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci.
"Quemaron dos áreas completas, dos pisos completos, las personas (que participaron en el motín) eran 56, que también consumieron sustancias prohibidas (e) incendiaron más de 200 espacios", dijo Fasci en un comunicado.
El vocero dijo en su informe que los amotinados fueron sometidos por elementos de la Fuerza Civil estatal y comenzaban a llegar suministros de comida, agua y colchonetas, arrasadas.
Los disturbios se originaron contra la aplicación de operativos para la revisión a familiares de los internos, sobre todo por la implementación de rayos equis en los controles.
Versión de las familias y ONG
Los familiares afirman que las autoridades penitenciarias incumplieron acuerdos para "no realizar ningún traslado de internos a otros centros federales y estatales, ni ingresar ninguna corporación policiaca ni federal ni estatal".
Por su parte, las organizaciones civiles Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos y Evolución Mexicana consideraron que "resulta inaceptable que el gobierno del estado de Nuevo León siga sin garantizar la seguridad de las personas internas en los penales de la entidad, como se evidencia el Penal de Cadereyta, donde desde el lunes pasado iniciaron disturbios, que continuaron hasta el martes", dijeron los organismos civiles en un comunicado enviado a los medios nacionales y extranjeros.
El hecho de que los internos del penal de Cadereyta hayan resuelto "manifestarse pacíficamente nos revela que la ausencia y no resolución de condiciones mínimas de protección y de garantía de necesidades básicas", de los reclusos, dicen las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Esos han sido los ingredientes de inestabilidad "para llegar a estos niveles de violencia y de pérdida de control por parte del Estado", denunciaron.
Otra penitenciaría de Nuevo León, el conflictivo Penal de Topo Chico, en la zona conurbada de Monterrey, capital estatal, ha sido escenario de varios episodios de violencia, como resultado de un llamado "autogobierno" de los internos y familiares.
Ese peculiar "autogobierno" llevó a una riña que terminó con 49 muertos la noche del 10 de febrero de 2016.
Las ONG exigieron proporcionar de forma inmediata alimentos y agua en buenas condiciones a los internos, además de garantizar la integridad física y emocional de los internos, "ya que existen preocupaciones sobre posible violencia, golpes y maltrato".
La grave situación que se vive en el sistema penitenciario de Nuevo León "se ha ido deteriorando aceleradamente lo que habla de una falta de voluntad política o incapacidad técnica para atender la situación que sigue teniendo en riesgo a miles de internos e internas", puntualiza el comunicado.
