"El mandato es resolver aquellas causas por las que se producen abortos clandestinos", señaló la legisladora.
De acuerdo con los datos del Servicio Nacional de Información en Salud, entre 40.000 y 80.000 mujeres acuden anualmente a centros sanitarios del país debido a complicaciones derivadas de abortos mal practicados, explicó la senadora.
Se estima, además, que unas 500 mujeres mueren al año en clínicas clandestinas y casas particulares donde practican abortos en malas condiciones, agregó.
"Es necesario entender que la política de criminalizar a la mujer y obligarla a recurrir a condiciones clandestinas poniendo en riesgo su salud y su integridad hasta el momento no ha funcionado, y no pasa por despenalizar totalmente el aborto, sino por una ampliación de causales en los sectores más vulnerables", dijo Salvatierra.
El debate sobre el aborto en Bolivia enfrentó a sectores conservadores ligados a la Iglesia Católica, que se oponen a la "legalización" de esta práctica, y al movimiento feminista, que reclama su "despenalización".
En febrero de 2014 se aprobó en este país una sentencia constitucional que desjudicializó tres causales que antes necesitaban pasar por un juicio para ser aprobadas.
En virtud de esa sentencia, una mujer puede abortar legalmente hasta las 12 semanas en caso de que haya sufrido una violación, un incesto o de que el embarazo implique un riesgo para ella.
De lo contrario, la interrupción del embarazo es sancionada con prisión.
"El nuevo Código del Sistema Penal en su artículo 157 mantiene la pena de 1 a 3 años de cárcel para aquella persona que se practicara un aborto, pero amplía las causales", aclaró la senadora.
Además, se contemplan también como causales, sin importar el período de gestación, la malformación del feto, que la madre sea una niña o adolescente, que el embarazo sea de riesgo para la mujer, que sea producto de una violación o que sea producto de un incesto.
"El artículo 157 le devuelve a la mujer la capacidad de decidir acerca de su maternidad, porque si ella encuentra circunstancias que no la acompañan para desarrollar su maternidad en plenitud, puede recurrir a una de estas causales para interrumpir voluntariamente su embarazo", sostuvo Salvatierra.
La Asamblea Legislativa tiene previsto aprobar el nuevo Código del Sistema Penal en los próximos tres meses y se espera que comience a aplicarse en 2018.
