"Antes solo había una unidad de faltas de servidores públicos, ahora hay dos fiscalías especializadas, una de delitos electorales, otra de delitos anticorrupción", dijo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, uno de los destacados organismos civiles que participó en el proceso legislativo.
"Esto es muy preocupante, porque si ese nombramiento se dilata por negociaciones políticas, no se muestra compromiso con la lucha contra la corrupción que la sociedad civil exige", dijo Casar, socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma y doctorada por la Universidad de Cambridge.
El Consejo Nacional de Anticorrupción debe sesionar por primera vez el próximo 4 de abril, "pero aún no tenemos el fiscal, que es una pieza central del nuevo sistema", lamentó Casar.
Ese nombramiento ha sido bloqueado porque se trata de un cargo políticamente estratégico, y las fuerzas en el Congreso no encuentran acuerdo en ese y otros puestos autónomos del Estado, que deben ser aprobados por el Senado.
"Está atorado políticamente, porque quien ocupe la Procuraduría General de la República (PGR), sería fiscal para ocho años, como indica la iniciativa presidencial, que la sociedad civil presiona para derogar", explicó la especialista en las complejas relaciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Una razón explica por qué ha sido obstaculizada esa decisión en el Senado: "Hay grupos que quieren imponer un paquete de nombramientos", reveló.
"Hay gente calificada pero la quieren usar como ficha política", afirmó.
Si se logra un nombramiento antes de la primera sesión de abril, el primer fiscal tendrá solo 18 meses para diseñar la nueva fiscalía, con un rezago monumental de todas las denuncias acumuladas en la Procuraduría federal.
"Es lamentable que Senado no haya avanzado en dos años, cuando la corrupción figura entre los tres primeros lugares de los problemas que percibe la población, porque no pasan del discurso a los hechos", lamentó.
Una hazaña ciudadana
La pregunta es a quién le interesa bloquear la designación del fiscal anticorrupción
La respuesta no parece fácil, porque hubo un primer momento en el que la clase política se mostró a la sociedad con un compromiso para sacar adelante el SNA.
La ubicación de México a la cola de los índices mundiales de Transparencia Internacional alentó el acuerdo por aprobar la ley el año pasado, explica la politóloga experta en temas de rendición de cuentas en el sistema político mexicano.
"Trabajamos en un parlamento abierto a la sociedad civil durante meses, con comisiones de fracciones parlamentarias, para discutir el diseño del SNA y las siete leyes que lo acompañaron", reseñó Casar.
Hubo compromiso, negociaciones, avances. "Nosotros cedimos en algunas partes, ellos (los políticos) en otras, y el resultado fue un producto bastante acabado", sostuvo.
"Ahora hay menor margen de discreción, y los organismos civiles y expertos ganamos bastante".
Otro éxito fue establecer el comité de selección del Consejo Ciudadano con una metodología y transparencia ejemplares.
"El Consejo Ciudadano del SNA va a ser un pilar importante cuya elección no pasará en absoluto por la clase política", celebró.
Con todo ese cuadro complejo, el SNA fue una de las grandes hazañas de la sociedad civil mexicana, ahora en riesgo de morir.
El calendario político avanza en su contra, porque el tema va a marcar las elecciones presidenciales de julio del 2018.
"Va a ser uno de los ejes definitorios y marcará la agenda del próximo gobierno", adelantó Amparo Casar.
Pero la sociedad civil y el comité ciudadano aprobado por el Senado tienen el reto de que, "con su gran legitimidad, debe garantizar que la negociación política no se convierta en un arma letal", dijo.
En este escenario la experta concluyó declarándose optimista.
