El tribunal juzgó al exconsejero de Presidencia el pasado 27 de febrero por delitos de prevaricación y desobediencia por participar en la puesta en marcha de esta consulta, prohibida por el Tribunal Constitucional.
La condena es menor a la petición de la Fiscalía, que requería una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos durante nueve años.
Por su parte, la defensa del diputado catalán solicitó su absolución al considerar que la actuación del Gobierno catalán no vulneró las providencias del Constitucional.
En esa misma sentencia fueron condenadas Joana Ortega, exvicepresidenta del Gobierno catalán, e Irene Rigau, exconsejera catalana de enseñanza.
El tribunal considera a ambas como "cooperadoras necesarias" del mismo delito de desobediencia por permitir la celebración de la consulta soberanista a pesar de las disposiciones contrarias del Tribunal Constitucional.
