"El Decreto que prorroga por sesenta (60) días el plazo establecido en el Decreto n.° 2.667 del 13 de enero de 2017 (…) mediante el cual se declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentran razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado", dice la sentencia.
Los diputados opositores alegan que el decreto presidencial viola la Constitución y no aborda la escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos, además de la inflación.
La prórroga validada este lunes es la sexta desde que el mandatario venezolano introdujo por primera vez el decreto que le otorga poderes especiales para hacer frente a la crisis económica y desabastecimiento de alimentos que enfrenta el país latinoamericano.
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Entre otras facultades, Maduro y su Gabinete pueden disponer de manera expedita de los recursos del Tesoro Nacional para destinarlos al gasto social, la importación de alimentos y productos y la reactivación de la infraestructura productiva del país.
Continúa la "lucha de poderes"
El choque entre 2 de los 5 poderes que integran el Estado venezolano se inició cuando los diputados decidieron incorporar a las sesiones de la Asamblea Nacional a 3 diputados cuya proclamación fu suspendida por la Sala Electoral del TSJ.
"Resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia", reitera la sentencia.
Una de las decisiones más polémicas adoptadas hasta ahora por la Asamblea Nacional de mayoría opositora fue declarar en octubre de 2016 la supuesta ruptura del orden constitucional y la existencia de "un golpe de Estado" cometido por el régimen de Nicolás Maduro, así como el inicio de un juicio político en su contra.
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Sin embargo, la Constitución de Venezuela no contempla la posibilidad de apartar a un presidente de su cargo a través del llamado "impeachment" o juicio político.
Tres semanas después la decisión fue nuevamente anulada por el máximo tribunal.
Hasta ahora todos los esfuerzos de la Asamblea de mayoría opositora por propiciar la salida anticipada de Nicolás Maduro del poder se han encontrado con el muro del TSJ.