"No sólo el Ejército tortura en México, por eso la llamamos una práctica generalizada", dijo durante una presentación convocada y difundida por la oficina permanente de la Organización de Naciones Unidas de Derechos Humanos en México, en el Museo de la Memoria y Tolerancia de la capital.
El entonces canciller de México, José Antonio Meade, acusó ante el organismo mundial de faltar a las normas de equidad y profesionalismo de la ONU al abogado argentino de 72 años, defensor de presos políticos que fue detenido y torturado año y medio por la dictadura militar argentina de la década 1970, cuando Amnistía Internacional lo defendió como "preso de conciencia".
"No solo yo, sino todos los organismos internacionales hemos dicho consistentemente y sobre la base de la experiencia —aseguró el experto—, hemos advertido que involucrar en tareas de orden interno a las Fuerzas Armadas que están entrenadas para el combate militar, en especial de persecución del delito, puede ser un gran error".
La afirmación, urticante para las autoridades, apunta a la línea de flotación del proyecto de Ley de Seguridad Interior que actualmente discute el Congreso de México, para reglamentar la participación del Ejército en acciones de seguridad pública en apoyo o reemplazo de los policías.
Peligros de la militarización
"La presencia de Fuerzas Armadas no solo produce violaciones de derechos humanos, sino que no produce una lucha efectiva contra el crimen organizado", concluyó Méndez, quien fue de 2004 a 2007 asesor especial para la Prevención del Genocidio con categoría de subsecretario General de la ONU.
El especialista recordó que en su controvertido informe encontró "evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas".
El representante de México ante la ONU, Jorge Lomónaco, rechazó de inmediato aquel informe de marras durante una sesión pública en la propia sede de organismo mundial en Ginebra, y lo calificó con rudeza como "una falacia que no corresponde a la realidad".
El canciller Meade se sumó después a desmentir a Méndez, con ribetes de ataque personal en mayo de 2015, cuando sostuvo que la conclusión de su informe se basaba apenas "en 14 casos de los cuales 13 presentaban avances significativos".
Lo único diferente con los rechazos de otros países en la respuesta del Gobierno de Peña Nieto "fue la intensidad y la personalización de la respuesta, lo malo de eso no fueron los ataques personales, sino los ataques personales contra activistas mexicanos", denunció.
"Esos ataques sí son graves, porque yo no estoy en riesgo", remató ante el auditorio compuesto por víctimas y defensores de derechos humanos.
En EEUU han proliferado otras formas de tortura distintas a la física, "como la tortura moral, o psicológica", dijo cambiando de blanco de sus críticas.
En esa potencia "hay más de 100.000 detenidos en algún momento en situaciones de confinamiento solitario, que también es una violación", terminó Méndez.
Y volvió a exponer su controvertida gran conclusión: "Hubo una gran polémica en 2015 casi un año después de la visita, y era fundamentalmente alrededor de mi caracterización de la tortura como generalizada en México", recordó el veterano experto, quien durante 15 años trabajó en Human Rights Watch, y llegó a ser presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH de la OEA).
"Con alegría me gustaría hoy poder decir que la tortura en México ya no es generalizada, (lo haré) cuando el Gobierno de México presente evidencias de ello y demuestre que me equivoqué y que ha dejado de ser generalizada", refrescó su desafío.
