"Hemos llevado adelante el reclamo tal y como lo habíamos pautado, hasta que hemos recibido un llamado de funcionarios del Gobierno para tener una reunión en los próximos días y avanzar para que se pueda destrabar la situación", informó a Sputnik Nóvosti el coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie, Daniel Menéndez.
En Buenos Aires los movimientos populares organizaron algunos piquetes en avenidas céntricas y en las principales autopistas de acceso a la capital argentina, lo que para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una muestra de poner al Gobierno en una situación de "ingobernabilidad".
"Hoy (por el miércoles) hay 200 puntos (de cortes) con ollas populares, evidentemente cuando el Gobierno no es un Gobierno amigo de estas organizaciones, lo único que hacen es poner en jaque permanente al Gobierno, pero no nos van a poner en jaque", añadió en declaraciones a radio La Red.
Los activistas reclaman la vigencia efectiva de esta normativa, sancionada en diciembre pasado por el Congreso, que contempla un presupuesto de hasta 25.000 millones de pesos (1.612 millones de dólares), con un añadido de 5.000 millones de pesos (322 millones de dólares) para el año 2019 en caso de haber agotado la partida anterior.
"Han tardado cuatro meses en reglamentar la ley, nos llena de preocupación esta dilatación, esta demora de su implementación, y por eso ha habido todos estos reclamos", sostuvo Menéndez.
La medida pretende asistir a 3,5 millones de personas que trabajan en la economía informal, con miras a garantizarles "alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección provisional", según el texto de la norma.
Estos movimientos, junto con el Frente Popular Darío Santillán y el Movimiento Evita, fueron los que convocaron las protestas del miércoles, que concluyeron con el llamado a realizar un cacerolazo o "ruidazo" en las principales ciudades del país.
Las organizaciones populares también reclaman un salario mínimo de 6.300 pesos (406 dólares) para todos los participantes de programas de empleo estatales, destinados a los sectores más vulnerables.
Además exigen, entre otras medidas, la finalización de 85.000 viviendas sociales que están sin terminar en todo el país, y la urbanización de 4.085 asentamientos informales, relevados por los propios movimientos sociales.
