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Canciller argentina desvincula al Gobierno del caso de dirigente social detenida

© REUTERS / Stringer Milagro Sala
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BUENOS AIRES (Sputnik) — La ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Susana Malcorra, aseguró que el Gobierno de Mauricio Macri no tiene relación directa con la detención de la dirigente social Milagro Sala, presa en la provincia de Jujuy (norte) desde enero de 2016.

"El caso de Milagro Sala está en manos de la justicia, y por lo tanto no tiene una vinculación directa con el Poder Ejecutivo", señaló durante una rueda de prensa.

Médicos del Cuerpo de Medicina Forense de la Corte Suprema evaluaron el pasado viernes el estado de salud de la líder de la organización barrial Tupac Amaru como parte del informe que emitirá el más alto tribunal del país sobre las condiciones de su detención.

Parlamentaria del Mercosur, Sala está acusada en distintas causas de los delitos de "administración fraudulenta de fondos públicos para la construcción de viviendas", "asociación ilícita" y "enriquecimiento ilícito", entre otros.

"Que el Superior Tribunal de Jujuy diera lugar al recurso presentado por la defensa y el tema esté ahora en la Corte Suprema reafirma lo que hemos dicho: que es un tema de la justicia y que está siendo manejado en la justicia utilizando todas las herramientas que tiene", alegó la ministra.

La canciller también se refirió a la renuncia de un alto funcionario de la Cancillería, Leandro Despouy, como representante especial para asuntos de derechos humanos.

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El funcionario, que acaba de asumir como experto independiente de la Comisión de Control de Ficheros de Interpol, había sido denunciado por Milagro Sala por supuestas maniobras para justificar su encarcelamiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitará el país en mayo.

"Evaluamos quién era el mejor candidato para ocupar esta posición en Interpol y nos pareció que Leandro tenía el perfil porque el tema que va a estar manejando está vinculado a Interpol bajo el ámbito de derechos humanos", afirmó la ministra.

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La querella de la parlamentaria del Mercosur fue presentada el pasado 9 de marzo, mientras que Despouy fue designado en su nuevo puesto el pasado 11 de noviembre de 2016, aunque su nombramiento solo se dio conocer ahora.

En su denuncia ante la justicia, la dirigente social también involucró a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara De Langhe de Falcone, al fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, y a Federico Wagner, apoderado del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

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