El escándalo en torno a Park se desató luego de que la prensa informase que los discursos de la mandataria no eran preparados por sus secretarios sino por una amiga de la líder llamada Choi Soon-sil.
Según datos de la agencia Yonhap, la presidenta Park Geun-hye se acercó a la familia de Choi Tae-min tras el asesinato de su madre Yuk Young-soo, que era primera dama en 1974.
Los medios de prensa revelaron que Park dejaba a su amiga, que no ocupaba ningún puesto gubernamental, sus discursos y presentaciones para que los editara y corrigiera, con lo cual permitía que esta influyese en la política del Estado.
A estos fondos fueron transferidos cerca de 70 millones de dólares de 52 compañías y 19 grupos empresariales.
La acusación oficial fue presentada a Choi el pasado 20 de noviembre, tras lo cual la Fiscalía informó que la propia presidenta estaba bajo sospecha de "conspirar en parte considerable" de la causa vinculada a este escándalo de corrupción.
Antigua amiga de presidenta surcoreana se declara inocente en juicio por corrupción https://t.co/qD6UxhRvOt pic.twitter.com/Li5lAE3oaL
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 19 декабря 2016 г.
Choi Soon-sil fue detenida tras su retorno a Corea del Sur procedente de Europa y se le presentaron cargos por abuso de poder y corrupción junto a dos altos funcionarios de la administración de la presidenta.
Los fiscales no descartan que la inculpada se apropiase de parte de los recursos para comprar inmuebles en el exterior y para pagar los estudios de su hija en uno de los centros de enseñanza superior más prestigiosos del país.
El 22 de noviembre el Gabinete de ministros de Corea del Sur aprobó un proyecto de ley que permitía a los partidos de oposición elegir a sus candidatos para un consejo independiente de investigación del escándalo de corrupción.
La Fiscalía de Corea del Sur llevó a cabo registros en la oficina central de la Federación de Industriales de Corea, en las fundaciones Mir y K-Sports, en las sedes de los importantes consorcios Lotte y SK Group, de la compañía Samgung y del Fondo Estatal de Pensiones.
A principios de diciembre los directores de las ocho mayores corporaciones de Corea del Sur tuvieron que declarar ante el Parlamento en relación a este escándalo, mientras que por todo el país tenían lugar masivas protestas antigubernamentales.
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El 6 de diciembre, la mandataria coreana declaró durante un encuentro con la cúpula del gobernante Partido Saenuri que estaba dispuesta a renunciar en abril de 2017 y anunciar elecciones presidenciales para junio.
Con la renuncia de la presidenta, cuyo mandato debía concluir en febrero de 2018, el partido gobernante esperaba reducir las tensiones y lograr que la oposición renunciase a votar respecto al proceso de destitución.
No obstante, dos días después la oposición presentó ante el Parlamento un proyecto de ley sobre la destitución de la presidenta, que fue aprobado el 9 de diciembre con 234 votos a favor, 56 en contra, dos abstenciones y siete votos declarados como no válidos.
La destitución de Park abrió una fisura en el Partido Saenuri, que decidió tomar el nombre de Partido Libertad de Corea y aprobó un programa nuevo.
El 28 de febrero de 2017 una comisión especial de investigaciones concluyó la pesquisa de tres meses y presentó cargos por soborno contra la presidenta, al estimar que era cómplice de su amiga con el fin de obtener grandes cantidades de dinero de Samsung a cambio de preferencias, acusación que puso tras las rejas al gerente principal de la compañía.
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Además, la investigación concluyó que la presidenta estaba al tanto de la creación en 2015 de una "lista negra" que incluía a 9.473 personalidades culturales de la nación reconocidos por sus críticas a administración presidencial.
También se estableció que la presidenta y su amiga utilizaron móviles a nombre de terceras personas con el fin de evitar ser escuchadas, entre abril y octubre de 2016, lo cual es también una violación de la ley en Corea del Sur.
Este 10 de marzo el Tribunal Constitucional de Corea del Sur confirmó la destitución de Park, decisión que fue aprobada unánimemente por los ocho miembros de la corte.
La legislación surcoreana estipula que los nuevos comicios presidenciales se deben realizar en un plazo inferior a 60 días tras la destitución del jefe de Estado.
