El 7 de marzo, los abogados del estado presentaron una solicitud ante la corte federal en Honolulu, la capital hawaiana, para paralizar la nueva orden migratoria del presidente Donald Trump. En la solicitud se afirma que el decreto afectará a la población musulmana del estado, al turismo y a los estudiantes extranjeros.
De acuerdo con el fiscal general del estado, Douglas Chin, Hawái nunca ha discriminado ni en su historia ni en su constitución.
"Nos encantaría que el presidente firmara una orden que proteja nuestras fronteras, que proteja nuestra seguridad nacional en una forma que no discrimine a las personas en base a su nacionalidad, origen o religión. Esto es inconstitucional", sostuvo Chin, citado por la emisora Khon 2.
El 6 de marzo, el presidente Trump firmó una nueva orden ejecutiva que restringe las posibilidades de ingreso al país por 90 días a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana: Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, mientras excluye de la restricción a Irak, país incluido en la orden ejecutiva original.
Asimismo, la orden suspende por 120 días la acogida de refugiados y reduce a 50.000 la cantidad que podrán ingresar durante el año fiscal en curso.
El Gobierno de Barack Obama había fijado en 110.000 la cantidad de refugiados que este país acogería en 2017.
