"El Gobierno de México reconoce los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos, al tiempo que refrenda su compromiso ineludible para dar respuesta a cada uno de ellos", establece un extensa repuesta conjunta firmada por la secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación (Interior) y la fiscalía federal.
Las principales dependencia federales responden con sus acciones en los rubros abordados en el capítulo sobre México del informe anual de la no gubernamental AI, con sede en Londres, 2016-2017, titulada "La situación de los derechos humanos en el mundo".
También se refiere a las acciones antidrogas de fuerzas militares federales con supuestas ejecuciones de civiles en casos emblemáticos para "el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables en los caso de Tanhuato, Tlatlaya y Apatzingán".
El Gobierno de México "está comprometido con la reparación a las víctimas y con evitar la repetición de sucesos similares".
Reitera además "el rechazo más absoluto a los actos de tortura y el compromiso para prevenir su comisión y sancionar a los responsables", mediante políticas y acciones para su combate.
Acciones pro DDHH
Esas acciones incluyen no sólo protocolos de actuación y fortalecimiento institucional, sino también la presentación al Congreso del proyecto de Ley General en la materia, para prevenirla, combatirla y sancionarla "de acuerdo con los más altos estándares internacionales".
Una de las acciones es la mejora del Registro Nacional de personas extraviadas o desaparecidas, y los mecanismos de investigación y búsqueda, y la creación de una Fiscalía Especializada y una ley en la materia, que espera su aprobación legislativa.
Además, reitera su constante apoyo y liderazgo regional en el continente "ante la profunda crisis financiera" del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, integrado por la Comisión Interamericana (CIDH), y la Corte Interamericana (CoIDH).
México espera que sea aprobada su propuesta de apoyo a ese sistema en la próxima sesión de la Asamblea General de la OEA, en junio de 2017.
Esa participación iniciada hace diez años en la llamada "guerra contra las drogas" ha sido desplegada a "petición expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles, con el fin de salvaguardar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas".
Las fuerzas armadas mexicanas trabajan para "mejorar su capacitación en materia de derechos humanos y en el uso de la fuerza, de acuerdo con estándares internacionales".
En 2016 se presenta una reducción del 68% de las quejas de abusos de militares en relación con el año 2012, que "son investigadas, y de encontrase responsabilidad, son sancionadas en la jurisdicción civil".
Sin mencionar al muro que construirá el gobierno de Donald Trump y otras acciones policiacas estadounidenses, el gobierno mexicano "rechaza cualquier acto unilateral, de cualquier país, que atente contra la dignidad de las personas migrantes y que fomente el racismo, la xenofobia o la discriminación".
Reitera su compromiso expresado en enero pasado ante Michael Frost, Relator Especial de la ONU sobre la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas.
La respuesta oficial termina mencionando el marco normativo y programático para impedir la violencia contra las mujeres y niñas, y sobre los indígenas admite sus rezagos sociales, objeto de "una tarea y compromiso irrenunciable de las instituciones" mexicanas.
